Un Estado vulnerable e incompetente al desnudo con el rescate de marero
Análisis Es un error que los militares y policías custodien a los presos a los juzgados cuando no fueron preparados para eso, y más cuando no se les provee información sobre los riesgos a enfrentar
El mortal ataque a policías para liberar a un delincuente ocurrido anteayer en los juzgados de El Progreso, Yoro, dejó en evidencia cómo un Estado que no tiene una política de seguridad no solo actúa desorganizadamente sino que hasta reacciona tarde a los acontecimientos.
Para los estudiosos de la conducta y actuar de los criminales, la manera en la que sucedió el hecho, la reacción tardía de las autoridades y la forma de operar de los delincuentes, más que una acción inesperada, siembra la sospecha de que alguien con poder está detrás de estas acciones sangrientas.
El criminólogo Reynaldo Rubio consideró que la manera en que se dio el rescate de Alexander Mendoza, alias “El Porky”, evidenció el actuar en un país desorganizado y vulnerable en materia de seguridad.
Los errores se dieron desde el momento en que el reo fue sacado de la prisión para trasladarlo a un tribunal de justicia. Quienes lo conducen son miembros de la Policía Militar, inexpertos en ese tipo de actividad, a quienes no se les proveyó información de la peligrosidad del recluso bajo su custodia. “Prácticamente la información que ellos llevaban era nula y eso los volvió vulnerables”.
Generalmente, cuando un prisionero es traslado, los cuerpos de inteligencia orientan a los escoltas sobre su grado de peligrosidad, de los probables escenarios que se pueden presentar en el trayecto o durante la permanencia en los tribunales, sin embargo, los muchachos que llevaban a “El Porky” eran gente que no sabía cómo manejar ese tipo de situaciones, en la cual también cayó abatido un inspector preventivo recién graduado.
A las autoridades no les importa poner en riesgo a estos agentes, que no solo mueren, sino que dejan hijos huérfanos, familias dolientes, mientras que el Estado no va a hacer más que un acto mediático a la hora del sepelio, lamentó.
Reacción
Por otro lado, también hay que considerar la deficiente operatividad policial. A pesar de que cerca del sector del acontecimiento hay postas de la Policía,
Desde el año 2017 la tasa de homicidios más bien tiende a incrementar.
no había patrullas ni agentes cerca para apoyar. Este hecho duró de cinco a diez minutos y las patrullas llegaron casi a los 35 minutos, cuando ya se habían ido, no hubo persecución inmediata.
Lo que la Policía ahora muestra como un logro son las armas y la logística que los delincuentes dejaron atrás, pero no ha dicho nada sobre el delincuente muerto, sostuvo.
¿Cómo es posible que esos carros llenos de armas no hayan sido detectados por ningún cuerpo militar ni policial en la zona? Más bien parece que en ese momento “todas las patrullas estaban apagadas, estacionadas como quien dice: Todo mundo se me para ahí porque vamos a ejecutar esta operación”, criticó Rubio.
Asimismo, expuso el hecho de que la mayoría de los juzgados en todo el territorio son vulnerables porque fueron construidos sin un plan de seguridad. Incluso los guardias o alguaciles que están al interior son personas mayores de edad sin conocimiento en armas, peor en seguridad perimetral, mucho menos en custodia de reos peligrosos. Carecen de preparación para apoyar a la Policía en un caso de emergencia.
Además no hay por parte de la Policía ni de los juzgados un plan de seguridad en las instalaciones de los tribunales, “viven en una plena ignorancia y desconocimiento de los acontecimientos que se pueden dar en las audiencias”, lamentó Rubio.
En cuanto a la conducta de los criminales, sostuvo que por la manera de operar, de tomar el fusil y disparar y matar a sangre fría, por el estilo de patear las puertas, por la vestimenta militar y policial, los chalecos antibalas y los cascos que portaban, por la forma de moverse en el lugar, eran gente con entrenamiento.
Su hipótesis más fuerte, “es que pareciera que fueron militares activos combinados con mareros ejecutando un rescate programado por las mismas instituciones del Estado”, como sucedía en los años 80 para callar o desviar la atención.
“Recuerde que hay datos e información de que hay pandilleros que han sido informantes de algunos entes policiales y tienen conocimiento de cómo han operado los cuerpos del Estado en combinación con ellos, entonces: uno, hay un compromiso para seguirlo utilizando en libertad, y dos, para poder cubrir algunos políticos y que no vaya a hablar o dar algunos detalles sobre (el involucramiento de) algunos funcionarios públicos”, expuso el criminólogo