Muerte en la cárcel de mujeres
El asesinato de seis mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) ha dejado una vez más al descubierto la debilidad del sistema de seguridad en las cárceles de Honduras, que han sido en los últimos meses escenario de horrendos crímenes.
Este tipo de hechos, que si bien se registran por primera vez en la cárcel de mujeres, son recurrentes en otros centros carcelarios, lo que incluso obligó a las autoridades a nombrar, a finales del año pasado, una Comisión Interventora del Sistema Penitenciario a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que no sirvió para parar esta masacre.
La muerte de estas damas es condenable, como también lo es que no se terminen de tomar acciones para evitar el enfrentamiento entre las internas protagonistas de la revuelta, que supuestamente eran miembros de bandas rivales.
Tras lo sucedido, las autoridades ya no tienen argumentos válidos para justificar lo que pasa en las cárceles y mucho menos para explicarle a la sociedad cómo es que si las reclusas habían denunciado amenazas de muerte no se tomaron los correctivos a tiempo.
Lo sucedido solo evidencia, una vez más, el fracaso de las políticas de seguridad y que urge la inmediata revisión de las mismas con el único propósito de salvaguardar la vida de la población penitenciaria. La revisión de esas políticas debe ser urgente pero minuciosa ya que el Estado está obligado a terminar de una vez por todas con el clima de ingobernabilidad y anarquía que ha prevalecido en los últimos años en el sistema carcelario y dar paso a políticas que tengan como eje central el respeto de los derechos humanos de la población penitenciaria.
Y deben dar paso a una investigación minuciosa que concluya cuáles fueron las causas de esta nueva revuelta y quiénes sus responsables para que estos crímenes no queden impunes y se tomen los correctivos para que tampoco vuelvan a suceder