Ni el coronavirus detiene la corrupción
Los males nunca vienen solos, eso es cierto en la sociedad como en el organismo humano, lo anterior nos recuerda que el mundo está relacionado y que nada es una isla. Lo malo es que, con frecuencia, las relaciones que se dan entre las partes de una sociedad no son para armonizar.
El 27 de marzo perdía la vida, por el Covid-19, el primer compatriota, una persona de 60 años cedía a la enfermedad, cuya gravedad es un alto nivel de contagio y de letalidad, aspectos graves en un país como el nuestro, que, cuando la enfermedad llegó el sistema de salud ya estaba colapsado y lo que se hizo fue atender un sistema para atajar en condiciones desventajosas una pandemia que asomaba sus fauces para moverse en espacios escasamente vigilados.
El Covid-19 ha sido calificado como algo superior a una crisis de salud. Al poner a prueba a cada uno de los países que toca, tiene el potencial de crear crisis sociales, económicas y políticas que dejarán profundas cicatrices. Ante una situación del tamaño de la crisis apuntada se requiere de un liderazgo político capaz de generar confianza y seguridad. Un liderazgo probado.
Cuando se empezó a sufrir las consecuencias de la pandemia, lo primero que se advirtió fue la necesidad que, desde el Congreso Nacional de la República, se empezara con un acto de constricción, sentido de nación y responsabilidad ciudadana en el desmontaje de toda la legislación cuyo propósito había sido blindar una serie de hechos que habían drenado las finanzas públicas para alimentar y saciar a los corruptos.
Se han aprobado una serie de leyes que protegen a funcionarios y diputados de actos tramposos. Esas leyes van desde las normativas que dan inmunidad, limitación de procesos de investigación por parte del Ministerio Público, creación y asignación de recursos y funciones administrativas a un órgano, como el Congreso, que su tarea es legislar.
El Covid-19 ha sido calificado como algo superior a una crisis de salud. Al poner a prueba a cada uno de los países que toca, tiene el potencial de crear crisis sociales, económicas y políticas que dejarán profundas cicatrices”.
Antes que se diera la primera víctima del coronavirus, el Ejecutivo aprobó el Decreto de Emergencia para cubrir las necesidades del dengue y coronavirus. Como se sabe, en Honduras, estos decretos, muchas veces son utilizados para evadir trámites que obligan a seguir procesos de control. Quedaron con las manos limpias para hacer inversiones dudosas.
Las denuncias de corrupción no se han hecho esperar, sin que el Ejecutivo reaccione, dando la impresión que es desde el titular de ese poder del Estado que se impulsan compras amañadas.
Las compras de hospitales, medicamentos, insumos con sobre precio y sin ser entregados a las instituciones de salud; permiten que la calidad de los servicios sea deficiente y la enfermedad no esté siendo atacada como es de esperar. Los recursos se agotan y la enfermedad gana espacios.
Como corolario a este escenario signado por la corrupción, se está a punto que entre en vigencia el Código Penal, instrumento jurídico que como cereza en el pastel vendrá a confirmar la impunidad y la corrupción. Todo esto en una coyuntura donde lo que se necesita es transparentar la función pública en momentos que la patria se hunde. Doctor Oliva, usted es responsable de la continuidad o no de ese adefesio jurídico