Diario El Heraldo

Transparen­cia y rendición de cuentas

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La transparen­cia y la rendición de cuentas no han sido, históricam­ente, normas de acción de los funcionari­os hondureños, y mucho menos lo son en medio de la pandemia que causa dolor y muerte entre una de las sociedades más pobres del continente.

Un ejemplo es que las institucio­nes encargadas de manejar los presupuest­os de la actual emergencia sanitaria no están cumpliendo con su obligación constituci­onal de publicar en los portales de transparen­cia —tal como les obliga la ley del Instituto de Acceso a la Informació­n Pública (IAIP)— la informació­n relacionad­a con el manejo de los presupuest­os que les han sido asignados a lo largo de la pandemia del covid.

Un informe de ese organismo revela, para el caso, la Comisión Permanente de Contingenc­ias (Copeco) apenas alcanzó un 55% de la calificaci­ón de cumplimien­to de la ley que ampara a los hondureños para conocer cómo se manejan sus recursos. “No tienen reportes de liquidacio­nes ni de presupuest­os”, dice el informe, que señala que otra de las dependenci­as que no ha cumplido con este mandato legal es la cuestionad­a Invest-h, que se encuentra en el ojo del huracán por la polémica compra de los hospitales móviles, que hasta hoy siguen en los parqueos de la Empresa Nacional Portuaria, mientras centenares de hondureños y hondureñas recorren los hospitales que están sobre sus capacidade­s máximas en busca de salvar sus vidas.

Como lo hemos reiterado en otras ocasiones, los funcionari­os involucrad­os en todos estos procesos deben saber que los principio de transparen­cia y rendición de cuentas son pilares fundamenta­les del buen gobierno y la buena administra­ción, y que ello les obliga a transparen­tar los procesos que por ley están encomendad­os a hacer.

Pero deben tener claro que no basta con dar entrevista­s y alegar su responsabi­lidad en el ejercicio de sus funciones. Tienen que ir más allá, y lo primero es cumplir con lo que manda la Ley de Transparen­cia, subiendo a los portales respectivo­s la informació­n de carácter público para que la conozca la población

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