Un riesgo para la democracia

Que el dinero sucio de la corrupción, del narcotráfico y del crimen organizado financie las campañas políticas en este año electoral siempre es un peligro latente ante una débil institucionalidad creada para hacerle frente a este fenómeno.

Hasta hace tres años, esta situación era conocida popularmente en el país, pero nunca había sido atacada, hasta que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) en junio del 2018 llevó a la justicia el caso Pandora, acusando a 38 personas -diputados, funcionarios públicos y particulares- por el saqueo de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que fueron utilizados para financiar campañas políticas.

Para rematar, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los capos de la droga, ahora encarcelados, vienen relatando con lujo de detalles ante fiscales y jueces cómo subvencionaron las campañas de ciertos políticos hondureños.

Estos hechos deben poner en alerta a los comisionados de la Unidad de Política Limpia, adscrita, al Consejo Nacional electoral (CNE), colocados ahí para aplicar la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.

Honduras se encamina a un año electoral, el 14 de marzo los partidos Liberal, Nacional y Libre van a elecciones primarias y en noviembre se realizarán las elecciones generales. Habrá mucho dinero de por medio.

Si en verdad se quiere implementar el concepto de política limpia, entonces la labor de los comisionados antes mencionados debe ir más allá del esperar sentados a que los partidos les lleven los informes financieros anuales, ya que el papel aguanta con lo que le ponen.

El dinero sucio en el financiamiento de partidos políticos y de campañas erosiona la democracia, pone en riesgo la gobernabilidad, el futuro de la sociedad porque sus intereses llegan a pesar más que la expresión de la voluntad popular. Proteger la democracia requiere valor, ética y responsabilidad y demanda acciones en el terreno