¿Y dónde están los corruptos?
En términos legales y sociales la corrupción se describe como el comportamiento humano que transgrede las normas legales y los principios éticos. En el sentido administrativo y político se define como el abuso del servicio público para obtener un beneficio personal haciendo uso de artimañas como el soborno, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, amiguismo, entre otras.
Se ha comprobado que la corrupción tiene consecuencias dañinas en los ámbitos social, económico, político e incluso en el ambiental, al privar a los países de cuantiosos recursos. Según el Foro Económico Mundial (2019), la corrupción en sus diversas formas representa para los países en desarrollo la pequeña suma de US$ 1.26 billones por año.
La realidad es que actos de corrupción se cometen en la mayoría de los países, pero se profundiza en aquellos donde existe la impunidad y que se caracterizan porque la justicia no funciona y dichos actos no son castigados por la ley, convirtiendo entonces la corrupción en prácticamente una práctica relativamente normal.
Honduras, donde los actos de corrupción unidos con la impunidad se han convertido en un enorme flagelo, ocupa la posición 146 con una puntuación de 26 de un máximo de 100, en el Índice de Percepción de Corrupción 2019 publicado por Transparencia Internacional. Según algunos estudios realizados por diferentes organizaciones, se estima que el impacto de la corrupción en el período 2014-2018 ascendió a más de 250 mil millones de lempiras —casi nada—.
Hay muchas teorías sobre la corrupción en Honduras y entre las causas que se mencionan se encuentran la debilidad institucional, la falta de modernización tecnológica unida a la gran cantidad de trámites para cualquier interacción con el Estado, la falta de transparencia
Se ha comprobado que la corrupción tiene consecuencias dañinas en los ámbitos social, económico, político e incluso en el ambiental, al privar a los países de cuantiosos recursos”.
y rendición de cuentas y obviamente la impunidad, que se erige como la reina madre.
Casos relativamente recientes y de gran magnitud como los del Seguro Social y la Secretaría de Agricultura y Ganadería lo que han evidenciado es que los castigos se han aplicado a los funcionarios que llevaron a cabo las transacciones fraudulentas en dichas instituciones, pero en realidad, los políticos y padrinos que dieron el visto bueno, por la magnitud de los recursos involucrados, permanecen en el anonimato y siguen con sus actividades normales.
No se sabe si en el caso de los hospitales móviles hubo corrupción o se trata de la ingenuidad de un funcionario que efectuó el pago total de la compra a un intermediario sin exigir una garantía de cumplimiento que respaldara, primero, la entrega oportuna y, segundo, la calidad y funcionamiento de dichos hospitales. Sin embargo, las autoridades que están investigando el caso no pareciera que han avanzado mucho. Pero hay un dicho muy conocido que dice “el rastro del dinero nunca se pierde” y lo más fácil sería entonces lograr la colaboración de las autoridades americanas para identificar los movimientos de la cuenta donde el dinero fue acreditado e identificar las transacciones realizadas con dicho dinero y sus beneficiarios.
Para que la justicia funcione debemos fortalecer las instituciones y arrebatarlas de las manos de los políticos y ahora que estamos en un proceso de reconstrucción e iniciando un nuevo proceso electoral, es el tiempo para hacerlo