Justicia para Keyla
Keyla Patricia Martínez Rodríguez era una estudiante de la Licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que el sábado fue detenida por agentes policiales en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, porque, junto a un amigo médico, circulaba en un vehículo en medio del toque de queda vigente por la pandemia a nivel nacional.
Horas más tarde de su detención, la joven, según la versión policial, fue encontrada moribunda, asfixiada presuntamente con una de sus prendas de vestir, en la celda en la que había sido recluida.
Las autoridades dicen que la llevaron inmediatamente a un hospital donde la declararon muerta; y sus familiares no creen en esta versión porque aseguran que la joven no tenía motivos para atentar contra su propia vida y por las circunstancias que rodearon este hecho.
Lo que sí está claro es que la muerte de Keyla, de 26 años, ocurrió en las celdas de la Policía Nacional, donde estaban obligados a preservar su vida, pero no fue así, y que obliga al Estado a investigar y aclarar las dudas que envuelven este deplorable hecho.
La transparencia en el manejo de la información por parte de las autoridades será vital para dar credibilidad a las acciones que ejerzan, pues en la memoria popular están vivos otros casos similares que han quedado en la impunidad, y eso no puede suceder hoy, ni volver a suceder nunca.
Es por eso que el Ministerio Público, que ha anunciado el inicio de las investigaciones, debe actuar con diligencia y prontitud; y la fuerza policial abrirse a una investigación poniendo a disposición de las autoridades competentes a los agentes y oficiales que estaban a cargo de la posta policial la noche del sábado y que participaron en la detención y encarcelamiento de la joven.
El momento es válido también para demandar se profundice el cacareado proceso de depuración de la institución policial en todas sus escalas y que con ello aseguren su compromiso de servir y proteger a la ciudadanía