Depuración policial
El asesinato de Keyla Martínez Rodríguez en una celda de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, ha vuelto a poner sobre la mesa de discusión la efectividad del cacareado y millonario proceso de depuración del ente de seguridad, iniciado en 2016. Desde entonces a la fecha, las autoridades reportan “la purga” de 6,168 oficiales y miembros de la escala básica por diversas causas, mientras que la Unidad Fiscal de Apoyo al proceso de Depuración Policial del Ministerio Público informa mantener bajo investigación un total de 1,665 expedientes de agentes implicados presuntamente en actividades ilícitas; que se han judicializado diez casos de oficiales implicados en actos de corrupción y lavado de activos y que los agentes de tribunales están listos para presentar 25 casos ante los tribunales competentes.
Con lo sucedido en La Esperanza, Intibucá, más las reiteradas denuncias de abuso de autoridad a nivel nacional, queda claro que lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente y que el propósito de sacar de las filas de la Policía Nacional a personal vinculado con estructuras criminales, del narcotráfico y personal que sea irrespetuoso de los derechos humanos de los ciudadanos a quienes por ley están obligados a proteger no se ha cumplido.
Lamentablemente, pareciera que los millones de lempiras invertidos por el Estado y la comunidad internacional en la formación de una nueva generación policial, respetuosa básicamente de los derechos humanos, no se ha logrado. Lo sucedido obliga a las autoridades a hacer un autoanálisis de lo realizado y replantear e intensificar los mecanismos de depuración puestos hasta ahora en marcha. Como ya lo exponíamos en este mismo espacio hace algunas semanas, se debe trabajar para que los delincuentes que visten los uniformes de las diferentes policías sean separados de sus filas y puestos a la orden de los tribunales competentes. Y no olvidar que la seguridad ciudadana pasa por contar con autoridades respetuosas de las leyes, de los derechos humanos y principalmente del derecho más preciado del ser humano, el de la vida