Keyla se resiste a morir
Una vez más, el país llora a sus muertos apilados en las fosas del olvido que la injusticia construye cada día. Uno de ellos es la estudiante de enfermería Keyla Martínez Rodríguez, quien se desvaneció bajo la custodia policial, y que desde la oscura celda busca su propia defensa para no morirse nunca. Aquella noche del sábado 6 de febrero, la joven fue detenida por la Policía, a raíz del “incumplimiento” del toque de queda, siendo trasladada a la estación policial departamental número 10, en la ciudad de La Esperanza—nombre que es una afrenta contra la vergüenza—. Los mismos agentes han dicho que Keyla estaba “inconsciente por una maniobra de asfixia”, por lo que, fue trasladada “de inmediato” al hospital. Desde ese momento, el caso se enmarañó en el laberinto de un crimen cometido por el Estado, con sus anquilosadas maneras de usar el puñal dorado del olvido, con su Policía y con su aparato de justicia fallida, que hace demandar acciones para desentrañar el caso que involucra a la institución policial. Se ha levantado una indignación colectiva donde la gente ha salido a protestar frente a la furia de los gases lacrimógenos que no “asfixian” las demandas de justicia para que los supuestos responsables sean sometidos a una investigación imparcial, profunda, aleccionafeminicidios independiente, con toda la capacidad científica y objetiva, porque el escenario de la Policía Nacional es competente, y eso ya genera dudas por la implicación de policías. Ya no se puede tergiversar ni contaminar aún más el caso, donde la mismísima víctima busca señalar a los culpables. Con la muerte de Keyla, veinte son los feminicidios ocurridos en 2021. La violencia contra las mujeres en su declaración más bestial son los que siguen imparables en un país sin voluntad moral ni política para atender esta tragedia, donde tampoco ha podido con una depuración policial que sigue emanando la sensación de inseguridad y de desconfianza hacia los que deberían “servir y proteger”; un eslogan ya desgastado por la intolerancia, el abuso y los escándalos que han salpicado a esta institución que explotó en 2011, donde el proceso de reforma fue impulsado tras el asesinato de dos jóvenes universitarios a manos de miembros de la Policía, quienes después intentaron ocultar el crimen. Uno de ellos era hijo de Julieta Castellanos, entonces rectora de la UNAH. Su muerte conmocionó a Honduras y en ese caso se pudo demostrar que la Policía se había involucrado de manera directa. Con esta “transformación” se endurecieron los requisitos acadédora, micos para graduar a policías, se mejoraron sus condiciones incrementando su salario en un 40% con la intención de que se eviten sobornos, extorsión y la implicación de algunos miembros en el crimen organizado. Tampoco resultó nada como se esperaba, porque reformar la Policía en un contexto de alta violencia, criminalidad, de alta conflictividad política, en un laberinto de impunidad y condiciones sociales hostiles, donde los que mandan deciden que los policías sean los conserjes, para manipular la oposición que busca salidas de expresión en un país donde no se puede protestar, porque de inmediato se dan las órdenes de gasear y golpear a la ciudadanía, con el uso excesivo de la fuerza, hasta ahogar a Keyla y a una democracia abatida y encerrada en una bartolina, ahorcadas por las manos invisibles del poder
Keyla, desde la oscura celda, busca su propia defensa para no morirse nunca”.