Deducir responsabilidades

Es imperativo que en un país pobre como Honduras, los pocos fondos disponibles para la atención de una emergencia como la generada por la pandemia del covid-19 sean bien utilizados por parte de los funcionarios encargados, y que quienes no lo hagan sean debidamente investigados y juzgados a la luz de lo que establecen las leyes de la República.

En Honduras no se puede, por ejemplo, pasar desapercibido que se hayan perdido 250,000 pruebas PCR que el Estado hondureño compró a una empresa coreana por unos 1.8 millones de dólares, es decir más de 46 millones de lempiras, o la compra de los siete hospitales móviles (que de más está decir que fueron pagados al contado), y que a un año de su adquisición solo dos de las unidades estén funcionando, y a medias.

Los responsables de estos dos casos -que han sido mediáticos- y de muchos más que están a la sombra, deben ser investigados y castigados tal cual establece la legislación competente.

La impunidad no puede ni debe prevalecer. Pero para ello es urgente que los organismos competentes asuman también su papel y agilicen los procesos de investigación y castigo de quienes, a todas luces, no han cumplido con uno de sus mandatos, tal cual es el buen manejo de los (escasos) recursos públicos.

Y en estos momentos en los que estamos a las puertas de la elección de candidatos a cargos públicos se vuelve más que nunca necesario recordarles a quienes aspiran a los mismos cuál es el fin de la función pública y las consecuencias a las que se enfrentan si no la cumplen a cabalidad.

Y aunque parezca utópico, quienes ya recorren el país a la caza de los votos, sin importar bajo qué bandera política, deberían tener claro que al gobierno se llega a servir, no a enriquecerse; que los dineros del pueblo son sagrados y que su mal manejo será castigado