“Juan sin miedo”

Un grupo de ocho senadores demócratas del Congreso estadounidense presentaron hace menos de una semana un proyecto de ley que pide al gobierno de Joe Biden imponer sanciones duras y efectivas al “gerente administrador” de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, por actos de corrupción, violaciones de DD HH y por evidencia de su implicación en el tráfico de drogas. La Ley sobre los Derechos Humanos y Anticorrupción amenaza con prohibir a “Juan sin miedo” ingresar a EE UU y también suspender la ayuda estadounidense a la Policía y a las FF AA. La legislación de ese Congreso serio pone a Juan en una categoría poco común de jefes de Estado en América Latina, como en una antología de villanos y matarifes del crimen organizado. El proyecto de ley, que no es sacado de la manga de la camisa de ningún charlatán de la política como sucede en este Congreso de Honduras, impulsada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Mamenaarkey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, establece que Juan debe ser investigado bajo la llamada “Ley Kingpin” para determinar si merece recibir la designación oficial de narcotraficante: un estatus criminal reservado para los jefes de la droga como Joacombatir quín “el Chapo” y el mismísimo Pablo Escobar Gaviria. Esto va más allá de una simple amonestación, pues el proyecto de ley pide al Gobierno de Honduras que “inicie inmediatamente conversaciones con las NN UU para negociar el mandato de un nuevo mecanismo independiente para la corrupción y la impunidad”, más o menos a la anterior Maccih que fue disuelta por Juan y su pandilla en el 2020, después de desenmarañar, junto al CNA, un patrón de corrupción, política metódica y sistemática en un carnaval de fondos del Estado con miembros del PN en el Congreso de Pandora. Mientras tanto, desde el bunker presidencial, el Gobierno insiste que es víctima de una caza de brujas basada en mentiras de delincuentes confesos que buscan venganza para reducir la condena audaz en esas paredes de acero de la justicia del norte, porque si fuera acá en Támara, las cosas fueran diferentes. Pero ni la llegada de un lote regalado de vacunas causa tanto júbilo como la introducción en el senado de EEUU de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Honduras que exige esta sanción; pero, en el salón oscuro en la soledad de las penumbras del Congreso, Juan hablaba ante las cámaras relampagueantes con una nostalgia desconsolada y con su corbata azul vociferando que miembros de “carteles” lo acusan falsamente, y retaba a los funcionarios estadounidenses que si creen en estas acusaciones van a comprometer los esfuerzos conjuntos de seguridad entre la decidida Washington y la desamparada Tegucigalpa. Fuera de ese hemiciclo de gradas angostas para caer de golpe, el país pide la renuncia indeclinable a su investidura, para que se someta a la justicia; pero, como si la cosa no es con él, con la mano derecha extendida decía que concluirá su mandato el 27 de enero de 2022 tras los comicios de noviembre de 2021. ¡Un dictamen firme el de Juan sin miedo!, porque este no le teme ni a la conciencia ni a la historia

Senadores demócratas piden imponer sanciones duras y efectivas al ‘gerente administrador’ de Honduras”