¿Asfixia económica a la UNAH?

Constitucionalmente, el Estado debe asignarle a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) recursos no menores al 6% del presupuesto de ingresos netos, sin embargo, aunque esta disposición nunca ha sido cumplida a cabalidad por los diferentes gobiernos, la situación se ha agravado en los últimos dos años, ya que la Secretaría de Finanzas no le ha ejecutado las transferencias presupuestarias correspondientes al año 2021, y un porcentaje del año 2020, lo que ha obligado a sus autoridades a suspender gran parte de sus actividades por falta de recursos.

Si bien, por ahora se desconocen las razones por las cuales el gobierno no ha hecho las transferencias que por ley le corresponden, se espera que no sea en represalia por las posiciones críticas que han manejado sus autoridades al manejo de la pandemia de la covid-19 y, recientemente, la promoción de un recurso de inconstitucionalidad a la ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que impulsan desde el Poder Ejecutivo.

La situación es grave, ya que afecta a toda la comunidad universitaria, principalmente a la masa estudiantil que, aún en tiempos de pandemia y las dificultades económicas que afectan a un alto porcentaje de la población, hacen malabares para mantenerse ligados a su alma mater.

Una de las principales apuestas de todos los gobiernos debería ser su sistema de educación, lo que les obliga, en medio de las dificultades financieras que el Estado pueda estar enfrentando en este momento, a tomar decisiones que les permitan priorizar, eficientar el gasto público y cumplir con sus obligaciones financieras constitucionales.

Queda confiar que con la retención de las transferencias no se está tratando de cercenar la misión constitucional de la máxima casa de estudios y que, cualquiera que sea el impasse, se resolverá a través del diálogo constructivo entre los sectores involucrados