Intento golpista
En noviembre del 2020, luego de hacerse oficiales los resultados electorales en los Estados Unidos que favorecieron al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, el aún ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump, no solo se negó a reconocer su decisiva derrota, sino que ademas inició toda una campaña, utilizando presiones indebidas, propagación de rumores falsos en el sentido de que se había perpetrado fraude e incitando a sus seguidores de extrema derecha para que impidieran el relevo en la conducción del Ejecutivo, todo lo cual culminó el 6 de enero del 2021, cuando turbas armadas convergieron en Washington para impedir que los miembros del Colegio Electoral, reunidos en la Cámara de Representantes, confirmaran el resultado en las urnas favorable a Biden. Lo que ocurrió ese día, con saldo trágico de muertos y heridos, constituyó un capítulo inédito, repudiable, por subvertir la institucionalidad y el sistema democrático de la nación admirada por la fortaleza de su sistema político. En suma, fue un intento de golpe de Estado que, afortunadamente, y gracias a la integridad de funcionarios a nivel estatal, afiliados al Partido Republicano, actuaron apegados a ley, certificando los verdaderos resultados electorales desfavorables a la aspiración de Trump para continuar por un segundo período.
El peligro no ha concluido. De nueva cuenta Trump busca postularse a la candidatura presidencial, apoyado por distintas fuerzas económicas, políticas, mediáticas, además de militantes armados de ultraderecha que continúan respaldando su afirmación de que se fue despojado de la victoria electoral, vía fraude. Serán sus compatriotas quienes decidirán cuál será el destino de su país, sea apuntalando la democracia, sea debilitándola para conducirla hacia el autoritarismo, exclusión e intolerancia. Surge la interrogante: ¿deberá Trump comparecer ante la justicia para rendir cuenta de sus actos?