Prófugos de la justicia popular

Nicaragua. Pues bien, una muchedumbre de derechistas huye al país socialista, nadie podría imaginarlo, pero para salvar el botín de los dineros públicos no hay ideologías. El gobierno que dirige Daniel Ortega, al parecer, se convirtió en el salvador de las personas que son señaladas por casos de corrupción en distintos países centroamericanos. Por mal ejemplo están dos exfuncionarios hondureños a quienes se les otorgó la nacionalidad en Nicaragua, lo cual amplía la lista de personas naturalizadas en la vecina nación a quienes los vinculan con un saqueo sin precedentes en este país: los exsecretarios de la presidencia del gobierno de Juan Orlando Hernández, Ebal Díaz y Ricardo Cardona. Ambos se unen al club de prófugos de dos expresidentes de El Salvador, quienes son acusados de distintos delitos, entre ellos: corrupción por la justicia de aquel país. Uno de ellos es Mauricio Funes, quien primero solicitó asilo político, mismo que le otorgaron y posteriormente le concedieron la nacionalidad nicaragüense al igual que a su esposa e hijos. Los mismos “honores” también para el expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien se naturalizó como ciudadano de Nicaragua y su esposa e hijos recibieron el mismo beneficio. También investigado por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero, por lo que es perseguido por la justicia salvadoreña. Nuestras “joyitas” de exportación, Ebal Díaz es inquirido por un fallido proyecto de las casas contenedores para familias damnificadas por los huracanes Eta y Iota, cuyo dolo asciende a 69 millones de lempiras, según consta en las líneas de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Habría que continuar con el proceso de indagaciones contra los exministros Ebal Díaz y Ricardo Cardona, pese a que se nacionalizaron como nicaragüenses. En este caso, las nacionalizaciones es una forma de evadir la justicia ante el Poder Judicial y el Ministerio Público, y frente al pueblo que es sometido a una crisis, por obra y gracia del descalabro y derroche económico que el partido político de ambos usó y abusó mientras manejaba el poder como una finca particular. Honduras sigue siendo una finca cuando está en manos de los mismos conserjes judiciales, que aún no se libra una orden de captura internacional o una alerta roja permanente contra Díaz y Cardona, exfuncionarios del Gobierno de Hernández. Ni siquiera existen requerimientos fiscales necesarios y suficientes para extraditar a estos individuos que disfrutan el pinolillo de Nicaragua, país con el que Honduras tiene acuerdo para extradición. Aunque sabemos que Nicaragua no entrega a sus connacionales a requerimientos de procesos penales que se llevan a cabo en otros países, ya que la Constitución de ellos se los prohíbe, siendo un paraíso para esta calaña de delincuentes internacionales.

Hace más de cuatro décadas, de niña visité Managua, una Managua en plena rebeldía y en una pared derrumbada. También recuerdo haber leído un grafiti que decía: “Prófugos de la justicia popular”. Ahora, esa mancha indeleble seguirá teniendo validez, pero pintada en Honduras

Honduras sigue siendo una finca”.