Sin lugar amparo presentado por exdirectivos de la Unag
Amenaza Ante inevitable sentencia, grupo de implicados quiere hacerse con el control de la Unag, despedir a los abogados de la universidad y boicotear la labor de Fernández
El 8 de marzo reciente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar dos recursos de amparo que 11 de 19 exdirectivos y directivos de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) interpusieron con el fin de anular el juicio que un tribunal de sentencia les sigue por corrupción.
A mediados de junio de 2021, el tribunal de sentencia penal en materia de corrupción inició el juicio oral y público contra los 19 exdirectivos de la Unag, pero al terminar los alegatos dejó en suspenso el veredicto hasta que la Sala de lo Constitucional resolviera los dos recursos de amparo interpuestos por los demandados.
Ahora, una vez que el expediente sea devuelto al tribunal de sentencia, este deberá citar a las partes para que escuchen su resolución. Los imputados son los exrectores Marlon Escoto y Óscar Ovidio Redondo, así como los exdirectivos Francisco Medina, José Ramírez Alvarado, José Paz Díaz, Kenny Nájera, Emilio Fuentes, José Bayardo Alemán y Raúl Isaías Muñoz. También la acusación está contra Miriam Alvarado, Juan Alberto Chavarría, Romeo Guevara, Hilsy Sanabria, Carlos Ulloa, Roy Donaldo Menjívar, José Luis Castillo, Víctor Javier González, Johnny Leonel Barahona y Ana Mireya Suazo.
Según el expediente del MP, los demandados —en dos periodos administrativos (2010-2013 y 2013-2106)— se acreditaron una cifra de 164,216,334.19 lempiras tras demandar a la Unag reclamando derechos personales y dejando indefenso al Estado con el uso de este presupuesto.
El dinero se utilizó para pago de una deuda acumulada —por el arancel del profesional de las ciencias agrícolas, declarado inconstitucional en 2006 y sacado del ordenamiento jurídico el 5 de febrero de 2009— de 82 empleados; también se autorizó un préstamo por varios millones de lempiras para pago de convenios extrajudiciales, los cuales no habían sido resueltos.
A pesar de que en un inicio se les acusó del delito de abuso de autoridad, la Fiscalía lo cambió a prevaricato administrativo, que no implica cárcel, solo inhabilitación. Entre los demandados está el exrector Óscar Ovidio Redondo, quien actualmente es integrante de la comisión de concurso y acompañamiento a la Unag, que preside el doctor Odir Fernández, en representación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Este caso de los 164.2 millones de lempiras también se ventila en los Juzgados de lo Civil, donde la Universidad de Agricultura tiene la posibilidad de recuperar ese dinero después de tantas trabas que le pusieron en el Juzgado de Letras de Catacamas.
En 2017 todavía estaba pendiente un pago de 27 millones, pero una acción de nulidad presentada por el abogado Óscar Orlando Sevilla, defensor de la universidad, detuvo la continuidad de los pagos. No obstante, en diciembre de 2019 el juzgado de Catacamas declaró sin lugar la nulidad y ordenó el embargo de 45 millones de lempiras a la Unag.
Sevilla presentó un recurso de apelación ante el juzgado de Catacamas y fue declarado sin lugar, luego acudió a la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán y también sucedió lo mismo. Ante tal situación presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, donde por unanimidad de votos fue declarado con lugar, además de darle la razón de que el arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas es inconstitucional.
Una vez que la Sala de lo Constitucional resolvió a favor de la Unag, la Corte Tercera de Apelaciones modificó su resolución y dio trámite al recurso de apelación y deberá emitir una resolución. Si el recurso de apelación es declarado con lugar, los beneficiados con los 164.2 millones de lempiras estarían en la obligación de devolver el dinero.
En este caso está involucrado Eleazar Turcios, nombrado por el Congreso Nacional, junto a Redondo, como miembro de la comisión de concurso y acompañamiento a la Unag a pesar de que ambos tienen conflicto de intereses.
La posible condena penal por los 164.2 millones de lempiras y el miedo a que los obliguen a devolver el dinero tiene de correr a un grupo de beneficiarios, quienes a través de la comisión de concurso y acompañamiento a la Unag tienen planificado hacerse del control de esa institución educativa y así cobrar los 27 millones de lempiras restantes y evitar devolver el dinero que ya les fue entregado sin haber una sentencia firme.
La estrategia inmediata para detener el trabajo de la defensa de la Unag es que los cuatro miembros de la comisión de concurso y apoyo a la universidad presionen para destituir al abogado Sevilla y a su equipo legal, según fuentes confiaron a este medio, y, por otro lado, boicotear y anular el trabajo del presidente de la comisión, Odir Fernández