Duterte triunfa en su campaña para instaurar pena de muerte
Hace 11 años en Filipinas se había abolido esta forma de castigo, pero el actual Presidente ha luchado para restablecerla
MANILA. La campaña del presidente filipino Rodrigo Duterte por el restablecimiento de la pena de muerte ha salvado un obstáculo en el Congreso, donde el proyecto de ley -considerado “inhumano” por la oposición- recibió respaldo. El texto contempla bajar a los nueve años la edad de responsabilidad penal y es uno de los pilares de la guerra emprendida por el presidente contra la droga. Una mayoría de los diputados de la cámara baja adoptó el texto en segunda lectura el miércoles por la noche. Se necesita un voto en tercera lectura para su adopción, prevista la semana que viene. No se debatirá más y su aprobación es una mera formalidad. El Senado, dominado por los simpatizantes de Duterte, adoptará un texto similar. “Hemos superado la principal dificultad”, declaró a la AFP el diputado Reynaldo Umali, defensor del restablecimiento de la pena capital 11 años después de su abolición. La oposición ha puesto el grito en el cielo por considerar que podría desembocar en la ejecución de inocentes, entre otros factores debido a la corrupción del sistema judicial. “Esta decisión es inhumana, vergonzosa y burdamente irrespetuosa”, declaró el sacerdote Jerome Secillano, secretario de relaciones públicas de la conferencia episcopal católica, en un comunicado enviado a la AFP. La iglesia católica, que cuenta con un 80% de fieles entre la población, lideró la campaña para la abolición de la pena capital en 2006. El padre Secillano y los diputados de la oposición protestan por la táctica empleada para votar la ley, con límites en el tiempo de debate y garantías de anonimato en el voto. El presidente de la cámara amenazó además a algunos diputados con echarlos de las comisiones parlamentarias. “Es una cámara de títeres y de cabecillas”, denunció Edcel Lagman, un opositor al proyecto. El texto restringe la aplicación de la pena de muerte a los delitos relacionados con el tráfico de droga. Las personas en posesión de 500 gramos de marihuana o 10 gramos de cocaína, heroína o éxtasis se exponen a ser ejecutadas, al igual que las que produzcan o vendan droga.