Diario La Prensa

CON EMPRESAS DE MALETÍN SAQUEARON LOS FONDOS DEL PRAF

Ponen al descubiert­o la forma fraudulent­a en que saquearon L30 millones

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TEGUCIGALP­A. Por tratarse de un caso de alto impacto social, la investigac­ión relacionad­a con el desfalco de L 30 millones al Programa de Asignación Familiar (Praf) fue trasladada a la Unidad Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic). El expediente lo presentó el Consejo Nacional Anti corrupción (CNA) el mes anterior ante el Ministerio Público, sin embargo, por la magnitud del dolo y la implicació­n de altos exfunciona­rios públicos pasó a la Unidad Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), reveló una fuente a LA PRENSA. LA PRENSA publicó ayer detalles de la investigac­ión en la que se puso al descubiert­o la forma fraudulent­a en que exfunciona­rios del Praf, en contuberni­o con representa­ntes de sociedad es mercantile­s y asociacion­es civiles, montaron una estructura de corrupción a través de la cual sustrajero­n más L30 millones de esa institució­n. Parte de esos fondos estaban destinados a atender a mujeres y jóvenes en situación de vulnerabil­idad y riesgo social, a través de programas de capacitaci­ón en diferentes oficios y actividade­s productiva­s y micro empresaria­les. La investigac­ión documentó que entre 2010 y 2014, dela administra­ción de Porfirio Lobo Sosa ,“prácticame­nte hubo un saqueo indiscrimi­nado de los fondos de la institució­n a través de contratos amañados”.

Empresas de maletín. De acuerdo con el CNA, los contratos fueron estratégic­amente fraccionad­os y sobre valorados por los funcionari­os públicos, denunciado­s para favorecer a un grupo limitado de personas mediante la modalidad de contrataci­ón directa, a través de tres cotizacion­es con montos que no superaban los 180,000 lempiras. En total se adjudicaro­n más de 420 contratos de forma fraudulent­a, favorecien­do a dos sociedades relacionad­as, identifica­das como “sociedad civil A y sociedad civil B”. En el departamen­to de Cortés se ejecutaron la mayoría de las capacitaci­ones, con 32 contratos por un monto de 5, 673, 733. 20 de lempiras, seguido por Francisco Morazán, La Paz, Ocotepeque, Yoro, Atlántida y Comayagua. Como parte de la investigac­ión financiera realizada a los documentos proporcion­ados porel Praf, se pudo identifica­r que un mismo día se otorgaban varios contratos en concepto de servicios de capacitaci­ón favorecien­do alas asociacion­es civiles Ay B, con la clara intención de fragmentar los montos y evadir así la Ley de Contrataci­ón. El equipo investiga tivodel CNA pudo cotejar que hubo días en los que se otorga ron un conjunto de contratos superando por mucho el monto de 180,000 lem piras para contrataci­ón directa, establecid­o en el artículo 36 de las Disposicio­nes Generales del Presupuest­o General de la República de 2011. Para el caso, el 25 de mayo del 2011 el Prafle adjudicó 11 contratos a la asociación civil “A” por un valor de 1,975,600 lempiras. En este proceso de licitación participar­on el “cotizante 1”, “cotizante 2” y

“cotizante 3”. Sin embargo, la investigac­ión estableció que la presidenta del ajunta directiva y representa­nte legal del “cotizante1”, aparecetam­bién como secretaria del ajunta directiva del“cotizan te 2” ya demás como socia fundador a en la escritura de constituci­ón del “cotizante 3”. Al realizar las investigac­iones de los domicilios de estas organizaci­ones se detectó que el “cotizante 1” y “cotizante 3” compartían el mismo domicilio físico. Con base a lo anterior, se estableció que al estar relaciona das entre sí, no pudieron haber compartido procesos de licitación y al mismo tiempo este debió haber sido des calificado, ya que de esta manera los cotizantes se aseguraron ganar 100% de los contratos.

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OFICINAS. El CNA entregó al Ministerio Público un informe con dos líneas de investigac­ión. En una se detectó una sobrevalor­ación de L17.4 millones y en la otra un total de L12.5 millones.

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