Los efectos de la cancelación del TPS

El Gobierno de Donald Trump canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más 44,000 hondureños y dejó al borde de la deportación a miles de ellos, cuyas opciones legales para seguir en Estados Unidos son escasas, puesto que no cuentan con ningún asidero que les permita optar a otro régimen migratorio diferente. Los compatriotas tienen 18 meses contados desde el 5 de julio del presente año hasta el 5 de enero de 2020 para regular su situación o de lo contrario deberán abandonar EEUU. A menos que en los próximos meses se apruebe una iniciativa en el Congreso que cambie esa situación, miles de hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y haitianos están condenados a regresar a sus convulsionados países. La posibilidad de regularizar la situación de estas personas en este momento es poco probable considerando que EUA se apresta a celebrar elecciones el 5 de noviembre para renovar a la mayoría de los miembros del Congreso y el Senado y nadie se atreverá a presentar o aprobar una iniciativa en una tema tan sensible. La administración Trump argumentó que las condiciones derivadas del huracán Mitch que azotó el país en octubre de 1998 y que motivaron la creación del TPS habían cambiado en Honduras y, por consiguiente, no había razón de seguir concediendo el beneficio migratorio. Sin embargo, diferentes organizaciones y expertos en temas migratorios coinciden en que no hubo, por parte de la administración Trump, una valoración objetiva del contexto en que se encuentra actualmente Honduras, ya que el país sigue sumido en una marcada polarización política y, además, continúa enfrentando serios problemas de violencia, corrupción y pobreza que alientan la inmigración ilegal. Bajo ese contexto, el éxodo de todas estas personas representará un verdadero problema y un enorme desafío para el Gobierno que no tiene ni tendrá la capacidad de recibir e integrar a esta enorme masa de compatriotas (86,000 en total) a una sociedad de la cual ya no forman parte desde hace mucho tiempo. Como acertadamente lo analiza la organización Wola, “estas son personas que han pasado casi dos décadas trabajando duro, pagando impuesto y contribuyendo positivamente a las comunidades en todo Estados Unidos, y forzarlos a regresar a Honduras podría muy bien generar otra ola de inmigración desde la región”.

“EL ÉXODO DE MILES DE HONDUREÑOS REPRESENTARÁ UN ENORME PROBLEMA PARA EL PAÍS”