Pandora37 órdenes de captura
Entre los implicados hay diputados, funcionarios y personas particulares acusados de desviar unos L282 millones para financiar campañas políticas
TEGUCIGALPA. La jueza a cargo del denominado caso Pandora ordenó ayer la captura internacional contra 37 hondureños, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, acusados de desviar más de 11.7 millones de dólares para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013, informó una fuente judicial. Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la magistrada Lidia Álvarez, ante quien los acusados deben comparecer mañana en una audiencia de declaración de imputado, afirmó a periodistas el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte. Álvarez conocerá la primera etapa del proceso del caso, conocido como Pandora, que involucra a 38 personas, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares. Uno de esos 38 implicados era el exministro de Finanzas William Chong Wong, quien recién falleció. Duarte no precisó cuántos diputadosestánacusados, nisus
identidades, tampoco si han sido notificados de la citación o si están o no en el país, lo mismo que del resto de señalados. Todos son acusados de presunto “abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras”, según la denuncia presentada el 13 de junio por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic). El portavoz judicial indicó que la magistrada citó también a audiencia al exalcalde de la localidad hondureña de Yoro Arnaldo Urbina Soto y a los apoderados legales del exministro de Finanzas William Chong Wong, quien falleció el 17 de junio a causa de un cáncer que padecía desde hace varios meses. Urbina Soto, quien ocupó el cargo entre 2009 y 2014 y es acusado por Estados Unidos de haber operado una organización de narcotráfico, y Chong Wong también han sido implicados en el caso Pandora. El caso fue investigado por un equipo de expertos de la Ufecic y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ( Maccih), de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras una denuncia de Pietro Di Battista, inversionista italiano y excónsul honorario en la isla hondureña de Roatán. Di Battista denunció una presunta “utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la auditoría especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas, practicada a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)”, indicó el 13 de junio la Maccih en un comunicado. El equipo de investigación halló “indicios suficientes (de) que fondos públicos destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas (...), habían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional (en el poder) como el Partido Liberal, en el año 2013, yotrosgastospersonales por un monto de 282,016,165 lempiras (unos 11.7 millones de dólares), añadió. Los recursos, según la investigación, provenían de los ministerios de Agricultura y Ganadería y de Finanzas, y para desviar los fondos se utilizaron las fundaciones Todos somos Honduras y Dibattista.