Con más saña están matando a mujeres
Han detectado que en una mayoría de crímenes las víctimas son sometidas a torturas Maridos contratan a pandilleros para ultimar a parejas
“LAS MUJERES SOMOS SALDOS DE GUERRA Y SE DEBE TRABAJAR EN LA PREVENCIÓN”
"LA SAÑA Y TORTURA SE OBSERVACUANDO SE PUEDEN HACER LAS AUTOPSIAS”
TEGUCIGALPA. Berta Lidia Ortez Lanza tenía 39 años cuando tres hombres la interceptaron y la llevaron a una casa abandonada que se ubica en la colonia 15 de Septiembre en Choluteca. Allí la desmembraron, la dejaron sin brazos y sin cabeza. El cuerpo de Lidia fue encontrado en un solar baldío y la cabeza estaba en un saco blanco, a una cuadra abajo de donde hallaron sus restos. Ese es el denominador común que está ocurriendo con la muerte violenta de mujeres: la saña y tortura. Hay un ensañamiento, se echa mano de las formas que producen mayor dolor y que prolongan la agonía en a muerte de las mujeres. “Van 260 muertes de mujeres, con el noventa y seis por ciento de estos crímenes en impunidad. Estamos reviviendo un escenario que tuvimos en el año 2010; la saña ha regresado, los controles de territorio de los grupos del crimen organizado afectan a las mujeres”, señaló Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras, CEM-H. Para Martínez, no es que las víctimas sean criminales, sino que “están bajo el control en esos territorios y una desobediencia de reglas las lleva al castigo que en muchas ocasiones es la muerte”. En los crímenes, aseguran las organizaciones feministas, no se puede identificar si son feminicidios íntimos o no, porque se ha detectado que los esposos contratan a miembros de maras y pandillas para matar a sus parejas. Estadísticas de Medicina Forense reportan en el año 2017, la autopsia de 741 mujeres y de enero hasta junio del 2018, la cifra asciende a 141. De ese número 81 son menores de 18 años.
Realidad. “Las mujeres son saldos de guerra, sus muertes tienen que ver con venganzas, acosos y acciones contra terceros, muchas mueren por ser familiares de personas que están metidos en situaciones ilegales y eso está pasando factura”, explicó Suyapa Martínez. Y son las armas de fuego, golpes directos con objetos contundentes, los que en su mayoría registran las autopsias de Medicina Forense como causa de muerte en las mujeres. Algunas fueron asesinadas a manos de su pareja, otras por la delincuencia común o la organizada, o se dice que estaba en el momento y el lugar equivocado, e incluso aseveran que andaban en malos pasos. “La violencia manifiesta contra las mujeres es una realidad insostenible. Esto es un grave indicador de la descomposición social. Este ha sido un tema de interés de las autoridades e instituciones de investigación científica forense y la sociedad civil, pero vemos que la situación no cambia y los resultados son muy pobres”, explicó Julissa Villanueva, directora de Medicina Forense. Pero sólo analizar las cifras que está dejando la violencia contra las mujeres, no es suficiente. Se debe reflexionar, a criterio de la socióloga Leticia Salomón, sobre qué hay atrás, investigar a profundidad a qué obedece la saña, porque también hay hombres asesinados con saña. “Las organizaciones de derechos de mujeres se con-
centran en ver la cantidad de muertes de mujeres y cómo va aumentando. Pero se debe identificar en qué circunstancias mueren, en cuáles zonas geográficas y las circunstancias. Eso arrojará elementos novedosos que permitan entender si es una cuestión dirigida, porque son mujeres o porque se han involucrado en actividades que han sido potestad de los hombres”, dijo la socióloga.
La comisión. Un logro de las organizaciones feministas ha sido la creación de la Comisión Interinstitucional que dará seguimiento a las muertes violentas y feminicidios en el país, creada bajo el decreto 106-2016. Desde ese año han venido exigiendo al Estado la asignación de recursos para fortalecer las unidades de investigación y garantizar que esas muertes no queden en la impunidad. Pero aseguran que les preocupa que pese al anuncio del presidente Juan Orlando Hernández que se asignaría una partida especial de 235 millones de lempiras que solicitaron, aseguran que en el presupuesto que se socializó, solo se les incluyeron 20 millones. “En la comisión solo hubo tres reuniones. Se ordenó asignar recursos para la investigación de los casos, en la segunda reunión presentamos los presupuestos, en conjunto de todas las instituciones. Nuestra sorpresa es que cuando fuimos a la socialización del presupesto solo asignaron 20 millones de los 200 millones solicitados al Ministerio Público y es necesario ampliar el trabajo en el tema de investigaciones de muertes de mujeres”, dijo. Las organizaciones feministas esperan que la comisión de presupuesto del Congreso Nacional analice ese renglón porque hay un compromiso del Poder Ejecutivo para asignar esos recursos que fortalecerán la investigación. El Movimiento Visitación Padilla asegura que apenas cuatro casos de 100 se judicializan en el país. “La estrategia de seguridad que se implementa es para atacar el crimen organizado y el narcotráfico y no se está invirtiendo en la prevención, en desarrollar políticas integrales que le apuesten a la prevención desde la educación, hasta ver otras maneras para intervenir y medir el daño que está dejando la violencia y es hora de prevenirla”, aseguró Cristina Alvarado, del Movimiento Visitación Padilla.
Los casos. Varias de las muertes han causado gran impacto, por ejemplo en Catacamas, en el barrio San Carlos, Nohemy Tejada Discua, la madre de la estudiante Angie Alejandra Molina Tejada ( 14) ultimada de varios balazos, no encuentra consuelo, la muerte de su hija la ha hundido en la tristeza y solo la fe en Dios la mantiene firme y asegura que Dios es quien hace justicia. “Mi hija callaba algo. Ella ya no quería seguir estudiando por su embarazo, ella nunca nos reveló quién era el padre de la criatura, y ahora sobrevivimos llenos de dolor”, dijo la madre. Angie tenía casi siete meses de embarazo y estudiaba el noveno grado de la escuela Roque Ramón Andrade. Otro caso que impactó fue en Colomoncagua, en Intibucá, Kelin Jessenia Pérez Carranza, solo tenía 15 años, cuando mareros que llegaron de El Salvador a la aldea Santa Ana, la asesinaron. La familia temiendo represalias, no permitió que el cuerpo fuera autopsiado. Medicina Forense tuvo que realizar la exhumación de los restos. Mientras el 2 de agosto, en la aldea Limoncillos, en el municipio de San Luis, en Santa Bárbara, Wendy Xiomara Rodríguez Rivera de 33 años, también fue asesinada. Fue interceptada por cuatro hombres, los que no tuvieron piedad y frente a sus menores hijas la mataron.