Congreso nombra a la junta interventora en el RNP
Se les duplicó el presupuesto para depurar el Registro. Ahora dispondrán de 10 millones para el cumplimiento de las funciones y objetivos
TEGUCIGALPA. Los tres miembros propietarios y dos suplentes de la junta interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP) serán juramentados hoy en sus cargos durante la sesión ordinaria del Congreso Nacional y ante el pleno de diputados. La agrupación que tendrá una duración indefinida hasta la elección de las nuevas autoridades de esta institución y que funcionará con un presupuesto de 10 millones de lempiras está conformada por Rolando Kattán (Partido Nacional) como su coordinador, quien será acompañado por Norman Roy Hernández (Partido Liberal) y Óscar Rivera Inestroza ( Libertad y Refundación). Como sus sustitutos fueron designados Roberto Montenegro Girón (Alianza Patriótica Hondureña) al igual que Gonzalo Fuentes Mejía (Unificación Democrática). La nominación de los interventores de este órgano especial del Estado fue respaldada por 111 votos a favor, 10 en contra, cinco congresistas que no votaron y dos que se abstuvieron. Tras 74 días de haberse presentado el proyecto de decreto y concluirse el dictamen, los congresistas nombraron ayer esta junta que se desempeñará de forma exclusiva en la gestión de intervención.
Los liberales. Aunque el diputado liberal Alfredo Saavedra fue parte de la comisión dictaminadora de la intervención del RNP se abstuvo de firmar el dictamen, alegando que desconocía su contenido y no fue convocado a la reunión en la que se logró concluir. Por tal razón, algunos legisladores afines al titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, no respaldaron la votación con la que se constituyó a la junta interventora del RNP. Los parlamentarios del Pinu también votaron en contra del dictamen al no ser considerados para formar parte de esta agrupación. Antes de que se discutiera el dictamen, el secretario del Legislativo, Tomás Zambrano, les dio lectura a las renuncias de Carlos Romero al igual que Gerardo Martínez, subdirector administrativo y subdirector técnico del RNP, respectivamente. Las dimisiones a sus funciones son a partir del próximo 1 de octubre y fueron aceptadas por los congresistas; sin embargo, el director de este órgano, Miguel Villeda Villela, no abdicó a su cargo, pero no podrá ejercer sus funciones mientras dure el proceso de supervisión.
Interventor. “Estaremos de frente en esa labor y sabemos que esta junta interventora tendrá la posibilidad de una respuesta al pueblo hondureño que tanto lo ha exigido”, manifestó Óscar Rivera. Agregó que “esperamos discutir los alcances que tiene el decreto, permitiendo asegurar que el proceso tenga el respaldo de la ciudadanía, del Gobierno y de todos los partidos políticos”. El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, resaltó que “es un importante paso que nos va a llevar a construir las reformas electorales que el pueblo hondureño está demandando; hemos asumido el rol que la Constitución nos dá, le vamos a dar un instrumento para que podamos tener un sistema de identificación nacional seguro que
Vigencia Lainterventoraenel RNPnopasaríademayo 2019cuando corresponde elegiralnuevodirectorio quedirigeya suvezadministraalainstitución.
Sigue Una vez que los interventores sean juramentados en el Congreso procederán a instalarse y empezar la labor delegada en el RNP.
también redunde en la emisión de una nueva tarjeta de identidad”. Aclaró que con el diputado Saavedra se consensuó el mismodocumentoquesepresentó en el salón de sesiones, pero él no estaba de acuerdo con los representantes que se nombraron. En relación con los señalamientos de la autoridad partidaria del liberalismo, el alto funcionario afirmó que “no sé lo que haya dicho ese señor, pero quien piense así no está dimensionando adecuadamente las cosas”.
Asignación. En el borrador del dictamen se estipuló en el artículo 8 contentivo de la asignación presupuestaria que la Secretaría de Finanzas (Sefin) acredite cinco millones de lempiras a la interventora del RNP. No obstante, durante la discusión de esta disposición se duplicaron los fondos, es decir, 10 millones para el cumplimiento de las funciones y objetivos de esta junta. “En caso de requerirse más recursos, la Secretaría de Finanzas queda autorizada para hacer las estimaciones y transferencias correspondientes. Lo anterior sin perjuicio de la administración del presupuesto que le corresponde al Registro Nacional de las Personas aprobado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos”, plantea.