Cisma en la cúpula del CNA
Asamblea cuestiona protagonismo de su directora Gabriela Castellanos
TEGUCIGALPA. Las relaciones entre los miembros de la asamblea y la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción ( CNA), Gabriela Castellanos, se han crispado en los últimos días a raíz de una serie de discrepancias que la han puesto en una posición incómoda e inestable frente a ese organismo de decisión. A causa de esta situación, la “asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción considera darle mayores atribuciones al coordinador general de esa entidad para poder limitar el protagonismo que en los últimos años ha asumido su directora ejecutiva”, informó a LA PRENSA un miembro de esa instancia que solicitó el anonimato. La fuente indicó que en varios miembros de la asamblea prima un desencanto y malestar debido a algunas decisiones adoptadas por Castellanos, la última de ellas haber celebrado en San Pedro Sula un evento en el que se presentaron las investigaciones de redes de corrupción realizadas por el CNA, esto supuestamente contra la voluntad de los asambleístas. Se indicó que la directora del CNA tenía la orden expresa de no realizar el evento, pero contrariando esa disposición decidió celebrarlo, lo que provocó un profundo disgusto entre varios asambleístas que han venido cuestionando algunas de sus decisiones que, según ellos, tienen “fines de protagonismo político”. Ya la asamblea le había formulado un reclamo a Castellanos por haber participado a mediados de este año en una protesta pública en la Corte Suprema de Justicia con los excandidatos presidenciales Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición, y Luis Zelaya, del Partido Liberal, ya que algunos delegados consideraron que eso desnaturalizaba el papel del CNA. La fuente indicó que en esta oportunidad, Castellanos pidió las disculpas del caso y se comprometió a no volver a
repetir una situación similar; sin embargo, nuevamente los miembros del máximo órgano de decisión del CNA exteriorizaron su malestar por las últimas actuaciones de la directora ejecutiva y su jefe de investigación Odir Hernández. El último problema surgió luego de que Castellanos cuestionara fuertemente, desde su cuenta de la red social Twitter, la reciente elección de los miembros de la junta interventora del Registro Nacional de las Personas ( RNP), en la que fustigó diciendo que “con esa brillante junta interventora del Congreso ahora tendremos un registro nacional de políticos”. Posteriormente escribió: “La historia de la justicia tiene fe de erratas por sus actos” y “hay quienes se indignan por un Twitter, y no así por la corrupción”, este último en clara alusión a muchos de sus detractores.
Prohibición. En las últimas semanas, las relaciones entre Castellanos y varios miembros de la asamblea que la adversan se han deteriorado, a tal punto que a lo interno del organismo se tomó la de-
cisión de prohibirle utilizar el cargo para fines políticos. Por otro lado, unos pocos asambleístas cuestionan que las investigaciones de corrupción solo apunten a miembros del Partido Nacional y no a otros políticos cuestionados por el despilfarro de fondos públicos. Durante la gestión de Castellanos al frente del CNA se han presentado al Ministerio Público, para su judicialización, al menos 73 líneas de investigación, siendo las más relevantes el caso de empresas de maletín en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la supuesta apropiación de fondos de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla. También otras investigaciones relacionadas con la extracción irregular de fondos públicos en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) en varias alcaldías del país y las redes de corrupción que operaban en la Secretaría de Salud, Soptravi y el Programa de Asignación Familiar (Praf). José María Díaz, coordinador del CNA y expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, declaró el viernes anterior que “hemos tratado de mantenernos al margen de situaciones políticas y confiamos en que esas acciones hechas por parte de ella, después del primer llamado de atención que le hizo la asamblea, dejen de hacerse. Díaz reiteró que Castellanos debe mantenerse al margen de actividades políticas por el cargo que ostenta y el cual debe ser totalmente imparcial. “Le habíamos prohibido de parte del CNA que hiciera presencia en una marcha frente al Poder Judicial; sin embargo, ella fue en su condición natural. Ella ha aceptado ese error y manifestó a la asamblea que no lo volvería a cometer”, dijo. Diario LA PRENSA consultó ayer a Castellanos sobre estos extremos; sin embargo, ella prefirió no referirse al tema. “No es momento para que yo me pronuncie”, comentó escuetamente la abogada que asumió el cargo en enero de 2014.
Salida. Las discrepancias entre los asambleístas y la directora del CNA han llegado a tal punto que varios de ellos han planteado su salida del CNA, pero Castellanos cuenta con un sólido respaldo de un importante sector de la sociedad civil, la embajada de Estados Unidos y la cooperación internacional, quienes consideran que ha realizado una excelente labor al frente de ese organismo. Ante la imposibilidad de expulsarla, algunos asambleístas han planteado darle mayores atribuciones al coordinador general del CNA, José María Díaz, de conformidad con lo que establece el artículo 12 de la Ley Orgánica de dicha instancia, aunque esta figura había sido eliminada en 2014. Este artículo establece que el coordinador ejerce la vocería y la representación legal y pública del CNA y tiene como potestad convocar a asamblea, nombrar comisiones del Consejo y representantes para funciones específicas y aprobar los gastos y erogaciones en que incurra el organismo, algunas de las cuales las ha asumido la dirección ejecutiva. La figura del director y la Unidad de Investigación del CNA surgió como una propuesta del comité ejecutivo del CNA, integrado por el pastor Alberto Solórzano, el padre Carlos Rubio y Arnaldo Buezo, el cual se creó para superar la crisis y la inminente desaparición que enfrentó ese organismo hace algunos años debido a su politización.