Prisión en el entorno de Keiko

La prisión preventiva fue el destino de la mayoría de investigados por el presunto lavado de activos del partido fujimorista Fuerza Popular, con la líder opositora Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a la cabeza. De los once imputados para los que el fiscal a cargo del caso solicitó tres años de prisión preventiva, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, aceptó el pedido sobre siete de ellos, ya sea por obstrucción a la justicia o por haberse fugado. Además de Keiko Fujimori, también terminaron en la cárcel Pier Figari y Ana Herz, sus dos asesores más cercanos, y el empresario Vicente Silva Checa, que aparentemente servía de asesor en la sombra. Los cuatro han negado por activa y por pasiva los cargos que se les imputan, que es haber formado una supuesta organización criminal en el seno de Fuerza Popular para captar dinero ilícito, ordenar su lavado y luego retribuir esos favores mediante actos de corrupción. Tanto Fujimori como sus asesores niegan haber presuntamente gestionado una contabilidad ficticia para enmascarar grandes cantidades de dinero de posible origen ilícito mediante la simulación de múltiples donaciones de personas particulares, a las que les pidieron que prestasen su nombre para firmar recibos falsos. Entre el dinero ocultado bajo esta modalidad puede estar el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber entregado a la campaña de Keiko Fujimori para las elecciones presidenciales de 2011. La única explicación que supuestamente le dio sobre el origen del dinero es que era de empresarios que no querían figurar públicamente como financistas del partido fujimorista. El caso resultó tan complejo que la audiencia judicial para dirimir las medidas contra cada imputado tomó un mes entero, con audiencias mediáticas que siguió todo el país, especialmente en el caso de Keiko Fujimori. EFE