Investigan a funcionarios por obras inconclusas

En este caso se acusa a los directores de Obras Públicas y Carreteras, Talvert Medardo Irula y Walter Maldonado, de fraude y abuso de autoridad El perjuicio asciende a más de L 17.5 millones

TEGUCIGALPA. El Estado y el pueblo de Honduras sufrirán un nuevo perjuicio económico de más de 17.5 millones de lempiras como resultado de la contratación de varios proyectos de infraestructura que fueron pagados, pero no se concluyeron y actualmente presentan un franco deterioro y están en el abandono. Por este caso, al menos 18 funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) fueron denunciados ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción ( Ufecic) por fraude, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios. Entre los acusados se encuentran el director general de Obras Públicas, Talbert Medardo Irula Hernández, y el exdirector de Carreteras Walter Noé Maldonado, quienes, según los expedientes investigativos, eran los responsables de los proyectos y firmaron las órdenes de recepción de los mismos sin que estos hubiesen sido culminados o cumplieran con las condiciones mínimas pactadas en los convenios de construcción. Junto a los anteriores fueron denunciados ante la Ufecic Moisés Abraham Arévalo Bonilla, jefe del departamento de Edificios Públicos, Carlos Isay Valladares Zepeda, coordinador de proyectos de la misma dependencia, Enrique Porfirio Velásquez, jefe de obras urbanísticas, José Enrique López Montoya, coordinador de proyectos de obras urbanísticas, y Marco Antonio Blair Espinoza, coordinador de la Unidad Ejecutora. Asimismo, Crista Williams y Silvio Puerto, de la Dirección de Carreteras, entre otros. La investigación abarcó los perío dos de 2015 a 2017 durante las gestiones de los ministros de Insep, Roberto Antonio Ordoñez y Roberto Antonio Pineda, quienes firmaron los contratos de las obras, según consta en los documentos de soporte en poder de la Ufecic. La Unidad de Investigación deDiario LA PRENSA tuvo acceso a los voluminosos expedientes indagatorios remitidos en días recientes ala Uf ecicp orla Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Los proyectos consistían en pavimentación de calles, ampliación y remodelación de parques, rehabilitación de edificios públicos y la construcción de aulas en escuela se institutos de educación primaria y secundaria. La mayoría de estos proyectos estaban dirigidos a beneficiar a las poblaciones de los municipios de San Luis, Atima, Petoa, Las Vegas, Colinas, Ceguaca, Trinidad, Zacapa, San Francisco de Ojuera, Arada, Quimistán y la cabecera del departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras. Mediante la investigación documental y de campo, señala la denuncia, se pudo comprobar una serie de irregularidades en la ejecución de las obras, como por ejemplo que muchas de ellas no fueron concluidas, otras presentan daños estructurales y no están siendo usadas yo trass implementen ose construyeron, es decir, que solo se firmaron los contratos, pero las obras no mostraron ningún avance y se encuentran en el abandono. Como parte de las indagaciones se pudo establecer que In sep,a través de las direcciones de Obras Públicas y de Carreteras, tampoco exigió alas empresas constructoras las garantías de cumplimiento para que las obras se termi- naran bajo las condiciones establecidas en los acuerdos. También se pudo cotejar, mediante solicitudes de acceso a la información pública, que las empresas favorecidas recibieron contratos fraccionados para un mismo proyecto a fin de evadir el proceso de licitación pública establecido en la Ley de Contratación del Estado. Para el caso, se detectó que Insep adjudicó bajo la modalidad de licitación privada, entre los años 2015 y 2017, al menos 40 contratos de obras en el departamento de

Supervisión Insep pagó millonarias sumas de dinero a compañías para que supervisaran las obras, pero estas no hicieron su trabajo.

Santa Bárbara a una misma sociedad identificada como Sercomas por un valor de 73 millones de lempiras. Uno de los investigadores que participó en el caso informó que se detectó como un patrón muy particular que hubo un incremento en la adjudicación de los contratos en los meses previos a las elecciones.

Fraccionados. Bajo esta misma modalidad se favoreció a otras sociedades, una de ellas relacionada con un pariente cercano de un diputado y directivo al Congreso Nacional, originario de esa región. Según el informe técnico del experto valuador del CNA, los proyectos fueron subdivididos y se ejecutaron en varias etapas en una flagrante violación a la Ley de Contratación del Estado. En total se identificaron 15 proyectos en el departamento de Santa Bárbara adjudicados a varias compañías constructoras y de supervisión por un valor de 22.2 millones de lempiras, los que presentaban algún tipo de perjuicio como deterioro, fallas de construcción o quedaron inconclusos, aunque se pagaron los fondos convenidos en su totalidad. Uno de estos proyectos es el Mercado Municipal del municipio de San Luis, que en su primera, segunda y tercera etapa se adjudicó de forma fraccionada a las empresas Sercomas S de R.L, Pavimentos y Caminos SA de CV, Fygco e Incorp por un valor de más de cuatro millones de lempiras. La supervisión de las obras fue adjudicada a otras dos empresas identificadas como Copalsa e Ingenieros y Asesores de Carreteras (IAC). El posterior análisis técnico de la obra indicó que el mercado quedó prácticamente inconcluso y en peligro de deterioro por su abandono. “Hasta la fecha se considera un proyecto fallido, ya que no ha logrado los objetivos convenidos, lo que corresponden un perjuicio total hasta la fecha de 4,062,608.01, que incluye el valor modificado de los contratos que cambiaron su valor original”, reza el informe al que tuvo acceso LA PRENSA. De acuerdo con los investigadores, en este proyecto se evidenció una inapropiada gestión de las autoridades de Insep y la Dirección de Obras Públicas porque ameritó que fuera sometida a una licitación pública y que no fuera fraccionado en varias etapas. Con base en información proporcionada por la Secretaría de Finanzas se pudo comprobar que los contratos adjudicados a las sociedades antes mencionadas fueron cancelados en su totalidad mediante transferencias bancarias. Solamente a Sercomas se le cancelaron mediante esta modalidad 10.5 millones de lempiras, pese a que las obras no fueron terminadas. Otro de los proyectos identificado como fallido es la Casa de la Cultura en este mismo municipio, el cual se adjudicó a Sercomas por un valor de 1.8 millones de lempiras, pero tampoco fue concluido en tiempoyforma, loquedejóun perjuicio económico al Estado de 2.7 millones de lempiras. Según el organismo investigador, en este proyecto también se evidenció una inapropiada gestión de las autoridades y el incumplimiento de las normas de contratación públicas. En similares condiciones se encuentran las obras de mejora miento y rehabilitación del centro comunal de Atima, la escuela Marco Aurelio Soto de Colinas, la Casa de la Cultura de San Luis, el Parque Recreativo de Trinidad, el nuevo edificio de aulas del instituto de Ceguaca, el proyecto de agua potable de la aldea de Azacualpa, municipio de Zacapa y el gimnasio del Instituto Superación de Quimistán, todos en el departamento de Santa Bárbara. La investigación concluyó en que no hubo una adecuadas uper visión de las instituciones públicas y las empresas contratadas para ese efecto, con el agravante que los directores de Obras Públicas y Carreteras de In sepfirm aron las actas de entrega o recepción como si los proyectos hubiesen sido terminados. En seis de los contratos se logró identificar un perjuicio de 7.6 millones de lempiras, mientras que en los nueve restantes un daño al patrimonio del Estado de alrededor de 9.9 millon es delemp iras, para hacer un total de 17.5 millones de lempiras. Según el CNA y la Ufecic, los hechos antes mencionados implican la estructuración de los delitos de fraude contra el Estado, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios. Fuentes oficiales del Ministerio Público indicaron que la información documental proporcionada por el CNA será sometida a un nuevo análisis y con base en sus resultados se procederá a librar los requerimientos fiscales por los delitos antes mencionados. Por abuso de autoridad, los denunciados enfrentan una pena de 3 a 6 años de prisión, por violación a los deberes de los funcionarios de 3 a 6 años y por fraude de 6 a 9 años de cárcel.

Otros contratos. Se informó que el CNA investiga otros contratos de proyectos carreteros y obras públicas otorgados en los últimos cinco años por un valor de 2,300 millones de lempiras, en muchos de los cuales hubo fraccionamiento para evitar el proceso de licitación pública. Por lo pronto se han identificado 64 contratos fraccionados a sociedades que comenzaron proyectos, pero no los acabaron.

Favoritismo A una sola empresa relacionada con el pariente de un diputado se le dieron 40 contratos por L73 millones.