Piden privación definitiva de bienes contra acusados en caso Pandora
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TEGUCIGALPA. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic-mp) solicitaron ayer al Juzgado de Privación de Dominio la privación definitiva de los bienes de los principales acusados en el caso Pandora. Según la Fiscalía, los acusados compraron o mezclaron el dinero supuestamente desviado del Estado hondureño. La solicitud de los entes investigadores fue admitida por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio y comprende bienes y cuentas corrientes cuyo valor total asciende a más de 42 millones de lempiras, más de 1.7
millones de dólares. La solicitud de privación de dominio comprende los bienes y cuentas bancarias asegurados a los diputados Rodolfo Irías Navas, Elden Vásquez, Celin Discua Elvir, Elvin Santos, Miguel Martínez y de los ciudadanos Jean Francois Marie de Peyrecave, viudo de la exministra Hilda Hernández; Eduardo Enrique Lanza, Arnold Castro, Armando Rivera y Redin Lenín Chávez.
Asimismo, al menos seis bienes inmuebles que incluyen las sedes y oficinas principales del Comité Central del Partido Nacional y del Central Ejecutivo del Partido Liberal en el Obelisco y la colonia Miramontes,
Caso Pandora Parte de los fondos se destinaron a financiar la campaña política de los partidos Liberal y Nacional, según las investigaciones.
respectivamente.
Los fiscales solicitaron también la privación definitiva de la empresa Asesores Especializados en Desarrollo Integral a nombre de Zoila Patricia Cruz, Jean Peyrecave y Ana Rosalinda García Carías. También la sociedad mercantil Servicios de Impresión y Edición Rodas a nombre de Lenín Rodas y la empresa Multiservicios Logísticos a nombre de Sandra Sandoval y Reina Cerrato.
Irías Navas. En el comunicado divulgado por la Maccih-ufecic se detalla que al diputado Irías Navas se le aseguraron productos financieros por 3.3 millones de lempiras y a Elden Vásquez por 2.6 millones de lempiras. Inicialmente, el Juzgado de Privación de Dominio había decretado medidas cautelares sobre varios bienes inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles, certificados a plazo fijo y cuentas bancarias, los cuales pasaron a la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), hasta que se tome una decisión final en el proceso de privación de dominio.
Con estas acciones se busca recuperar a favor del Estado de Honduras los caudales que fueron desviados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Este dinero estaba destinado a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes y mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos.