JUECES DEL NOVENO CIRCUITO DE PASADENA DEBEN DECIDIR SI CONTINÚA EL BENEFICIO Hondureños defienden el TPS ante tribunal en Los Ángeles
Inmigrantes de más de 20 estados se movilizan para pedir que se mantenga el programa
LOS ÁNGELES. “Estoy aquí porque quiero mantener a mi familia unida, creo que todos deberían levantarse para decir qué está bien y qué está mal”, dijo la hondureña Giselle Posada, de 10 años, hija de un beneficiario del TPS en una rueda de prensa frente al edificio del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California. La menor es una de las demandantes que el año pasado desafió en una corte federal al Gobierno de Donald Trump por poner fin a las protecciones de inmigrantes de El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, Nepal y Sudán. Inmigrantes de más de veinte estados de EEUU, beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus hijos, ciudadanos estadounidenses, se presentaron frente al tribunal para pedir que se mantenga el programa eliminado por el presidente Trump. La pequeña entró a la audiencia para poner la cara por su padre, Donaldo Posada, un inmigrante hondureño que lleva viviendo más de dos décadas en el país y que perderá su protección y el permiso de trabajo el 2 de enero de 2020 si los tres jueces del Tribunal de Apelaciones deciden estar del lado de la Administración Trump. “Queremos decirle al presiden
COALICIÓN.
Congreso, en 2018 había más de 436,000 inscritos en el TPS en todo el país, de los cuales aproximadamente el 90% son de El Salvador (262,000); Honduras (86,000); Haití (58,000) y Nicaragua (5,000). te Trump y a estos jueces que nuestros hijos ciudadanos tienen derechos en este país, y que ellos solos no podrían sobrevivir. Ellos necesitan a su familia”, aseguró Donaldo Posada. El periplo legal para cerca de 400,000 inmigrantes de estos países amparados por el TPS comenzó el año pasado cuando presentaron la demanda en el Tribunal de Distrito en San Francisco.
El magistrado Edward Chen estuvo de parte de los demandantes al asegurar que terminar con la protección causaría un “daño irreparable” a los inmigrantes y sus familias, por lo que ordenó que se mantuviera el beneficio. El Gobierno decidió apelar la decisión de Chen y trajo el caso al Tribunal de Apelaciones, donde ayer tres jueces escucharon los argumentos en el caso. Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), dijo que la decisión del panel de tres jueces compuesto por Ryan Nelson, Consuelo M. Callahan y Morgan Christen “podría significar el primer revés en esta batalla legal”. Se espera que el panel de tres jueces se pronuncie en las próximas semanas.