El CNA denuncia corrupción en aprobación del nuevo Código Penal
La actual junta directiva del Congreso y un exdiputado fueron señalados como los actores principales de modificar artículos claves del nuevo Código Penal, favoreciendo la corrupción
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), junto a otras organizaciones de la sociedad civil, demostraron que algunos artículos del Código Penal fueron aprobados sin la mayoría calificada.
DENUNCIA.
TEGUCIGALPA. En todo el proceso de creación y aprobación del nuevo Código Penal quedó evidenciada la intención de crear penas favorables a la corrupción y la delincuencia.
Así lo denunció ayer el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) al exponer las irregularidades ocurridas en el Congreso Nacional durante el proceso de discusión y votación de cada uno de los artículos de esta ley. El documento leído por Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, precisó que el 17 de mayo de 2016, el diputado Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, presentó a la Cámara Legislativa el dictamen que contenía el Código Penal y se discutieron siete artículos.
Desde entonces se contravino la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual manda que para la aprobación de toda discusión dentro del Congreso, deberá ser con la mayoría simple de los diputados presentes, es decir, la mitad de los 128 más uno. Sin embargo, en la primera discusión del nuevo Código Penal, se hizo la dispensa de debates con únicamente 42 votos a favor, una abstención, 36 votaron en contra y 49 no votaron. Dentro
de los artículos que fueron aprobados sin contar con la mayoría simple, están los siguientes: 1, 2, 5, 7, 10, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, entre otros. Estos artículos se refieren a los principios de legalidad, lesividad, aplicación de la ley penal, causas eximentes de la responsabilidad penal, circunstancias atenuantes, inhabilitación del cargo público, pena de días y multas, entre otros.
Sin discutir El CNA afirmó que estuvo en la capacidad de constatar que hubo artículos del nuevo estamento jurídico que nunca fueron discutidos, mucho menos aprobados y son referentes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como el 444, entre otros. El 2 agosto de 2017, los diputados presentes en el Congreso Nacional aprobaron con 70 votos a favor, de los 128 diputados, las penas de los delitos contra la administración pública. Estos son, específicamente, el delito de malversación de caudales públicos en sus diferentes modalidades, con penas que oscilaban entre seis a nueve años de prisión.
Además
La denuncia planteada ayer ya fue presentada ante la Ufecic del Ministerio Público (MP) para que investigue los hechos.
“Sin embargo, todo fue un plan preconcebido para delinquir, cuando el 8 de agosto de 2017 el exdiputado Agapito Rodríguez, presentó una moción de reconsideración al acta del 2 de agosto donde ya se habían aprobado las penas de algunos delitos en contra de la administración pública”, señaló Castellanos. La denuncia establece que este proceso es viable únicamente para hacer correcciones de forma o redacción, pero en ningún momento de fondo como la reducción de penas.
El CNA advirtió que todas estas acciones son catalogadas como abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, consignados en los artículos 349 y 284 vigentes.
Con base en esto, el CNA señaló como responsables a los diputados Mauricio Oliva, Mario Pérez, Tomás Zambrano, Román Villeda y al excongrecista, Agapito Rodríguez. Al pronunciamiento del CNA se unieron varios organizaciones de sociedad civil, como la Iglesia católica y la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación Pública, quien llamó a realizar acciones de protesta.