200,000 EMPLEADOS EN VILO

Al finalizar el período legal de suspensión de contratos, los trabajadores se enfrentan al despido si no hay reintegro o no se extiende el plazo. Según la Secretaría de Trabajo, toca aprobar un nuevo decreto

TEGUCIGALPA. En incertidumbre se encuentra la situación laboral de más de 200,000 trabajadores hondureños que sufrieron la suspensión de sus contratos laborales producto de la crisis económica provocada por las medidas sanitarias y de restricción que tomó el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus desde mediados de marzo. Pero, ¿por qué en incertidumbre? La situación se debe a que el jueves 16 de julio se cumplen cuatro meses de la suspensión de garantías constitucionales establecidas por el Gobierno de la República en el Decreto Ejecutivo PCM-021-2020; asimismo, se cumplen cuatro meses de la suspensión del contrato de miles de trabajadores que quedaron sin ingresos, y este tiempo (120 días) es el plazo legal máximo que establece el Código del Trabajo para que dure una suspensión de contratos.

Ante esta situación, las empresas tienen dos opciones: la reintegración de los trabajadores o el despido de los mismos, a menos que legalmente se apruebe extender el tiempo de suspensión. Carlos Madero, ministro de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, dijo ayer que el plazo se va a tener que ampliar por 60 días más, porque los primeros períodos de suspensión de labores comienzan a vencer este juevs para muchas empresas.

El ministro de Trabajo señaló que esta prórroga se hará solo por una vez y de forma extraordinaria, porque el Código de Trabajo solo permite 120 días de suspensión. “Particularmente creo que por una vez vamos a tener que ampliar el período de suspensión por unos 60 días y puede ser que llegue un poco más, para esto se ocupa la aprobación de un decreto especial por parte del Congreso Nacional, que permita ampliar el plazo legal”, indicó. Madero señaló que de no ampliarse el plazo de suspensión, las empresas tienen que decidir entre la reincorporación laboral o el despido, poniendo en peligro el empleo de miles de trabajadores.

Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), dijo ayer que no se requiere ninguna reforma al Código de Trabajo para que se pueda ampliar el plazo de suspensión. El abogado explicó que la suspensión de los contratos fue por un motivo de fuerza mayor provocado por la pandemia y la restricción de la movilidad de las personas, y a raíz de que la causa persiste el plazo de la suspensión solo tiene que ampliarse.

“En cuanto al período de los 120 días, no se aplica por el motivo de fuerza mayor que está establecido en el artículo 100 numeral 2, el artículo 111 en su numeral 8 relacionado con los 120 días, hace referencia a otras causas con aspectos económicos de las empresas que se pueden prever, en el caso de la fuerza mayor como la pandemia y la restricción de circulación, lo único que tienen que hacer las empresas es ampliar el período de suspensión por el tiempo que dure la suspensión de garantías constitucionales”, expresó. El artículo 111 numeral 8 detalla: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo la suspensión de actividades por más de 120 días en los casos 1, 3, 4,5 y 6 del artículo 100”.

Estos casos son: 1. La falta de materia prima o fuerza motriz en la negociación que no fuere imputable al patrono.

3. El exceso de producción, atendiendo a sus posibilidades económicas y a las circunstancias del mercado en una empresa determinada.

5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, y 6. La muerte o incapacidad del patrono, siempre que traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la interrupción de trabajo.

Por lo que no se debe despedir a las personas pasados los 120 días. Solórzano señaló que no se requiere una reforma ante el Congreso Nacional.

El Cohep presentó ayer ante el Consejo Económico y Social (CES) una propuesta donde

Código del Trabajo

El artículo 100 señala que los patronos pueden suspender un contrato laboral si hay un motivo de fuerza mayor.

aconsejan que se emita un acuerdo ejecutivo que establezca y desarrolle el procedimiento de la Secretaría de Trabajo para la presentación de la solicitud de suspensión, además que el Ministerio acepte por imperio de ley las ampliaciones de suspensiones laborales que realicen los empleadores. También pidió que se cree un mecanismo por medios electrónicos para resolver las solicitudes de suspensión de contratos de trabajo.

Daniel Durón, secretario de la Central de Trabajadores de Hondutas (CGT), informó que propusieron ante el CES que no haya ninguna reforma al Código de Trabajo porque representa un peligro para los trabajadores. “No se pueden reformar artículos que están establecidos y que podían perjudicar a los empleados en un cambio en esto de la suspensión”, expresó Durón. Los representantes de los trabajadores plantearon la prolongación de la suspensión sin modificar el Código de Trabajo, pero que además se continúen con los beneficios que se establecieron en la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores, a través del bono de auxilio. “No se puede aceptar la modificación de ese derecho adquirido y que sirve de apoyo para los trabajadores”, dijo el secretario de la CGT.

Además solicitaron que se defina qué se hará cuando termine la suspensión, ya que los trabajadores quedarán en una situación compleja de estabilidad laboral y no hay ningún argumento para que los puedan despedir. “La pandemia no es un motivo, la ley no establece esto como mecanismo para terminar un contrato laboral”, declaró.

Hasta ayer, los representantes que conforman el CES no han definido cuál será la solución que tiene preocupados a miles de trabajadores. El CES se reunirá este miércoles para definir la ruta y no afectar tanto a los trabajadores como a las empresas.

Medidas de apoyo. Cifras del Ministerio de Trabajo revelan que hay más de 800 empresas que tienen a los empleados suspendidos bajo la modalidad de auxilio solidario, medida que permite que los trabajadores de la maquilas, los afiliados al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y empleados del sector turismo tengan un ingreso de L6,000 al mes durante el tiempo que dura la suspensión.

En el caso de los afiliados al RAP, la empresa aporta L2,000, el RAP L3,000 y el Gobierno L1,000. Para los trabajadores de las maquilas y el sector turismo, el aporte del Gobierno es de L3,500 y las empresas L2,500.

Son 120,000 trabajadores que están acogidos a la ley, pero hay más de 80,000 que gozan del beneficio, ya que no es obligatorio.

Enrique Burgos, gerente general del RAP, señaló que al 3 de julio se ha atendido a 604 empresas, de las cuales se les ha pagado a 524 (87%) y las 80 restantes (13%) están en proceso de pago.

“Son 25,402 trabajadores, de los cuales 21,899 ya han recibido los L6,000, y hay 3,503 que se encuentran en el proceso. De mayo a junio, el RAP reveló que atendieron a 518 empresas y que en julio están atendiendo a 86 más.

“Al 30 de junio eran L77.4 millones, de los cuales L60.3 millones fueron devueltos y L7.1 millones quedaron en proceso de pago”. detallo el gerente del RAP. Burgos señaló también que los motivos por los que no han cancelado algunos pagos se deben a que hay errores con los números de cuenta de algunos trabajadores, por lo que no pueden realizar las transferencias, pero que ya han informado a la STSS para que se hagan las respectivas correcciones y se pueda dar el pago. Julio Raudales, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas de Honduras (CHE), señaló que en Honduras hay una precaria situación del mercado laboral y la pandemia ha provocado la pérdida de miles de empleos formales. “Según un estudio del Cohep, se estima que a diciembre se van a perder unos 500,000 empleos formales”, señaló. También indicó que producto de la situación, las familias están teniendo que ir a buscar una fuente de ingresos a las calles para pode sostener a sus familias.

“PROPONEMOS LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN SIN MODIFICAR EL CÓDIGO DE TRABAJO”

DANIEL DURÓN

Secretario de la CGT

“ES PROBLABLE QUE LOS ÍNDICES DE POBREZA EN EL PAÍS LLEGUEN AL 65 O 70% DEBIDO A LA CRISIS”

JULIO RAUDALES

Economista