SIP: “Nicaragua es un país sin ley y sin justicia”
MANAGUA. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hace un llamado “urgente” a “restaurar las libertades en Nicaragua” y exhorta a organismos internacionales a actuar con celeridad, ante el rápido avance de la escalada represiva y la persecución a la prensa y a líderes opositores. Directivos de la SIP recogieron testimonios sobre la escalada represiva que intensificó en las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Luego de una semana de relevamiento de datos, la misión de la SIP dio a conocer un informe preliminar del que entregará a su Comité Ejecutivo el 16 de julio, en el cual exhortará a organismos internacionales, a organizaciones que trabajan por la vigencia de los derechos humanos y a instituciones que defienden las libertades de expresión y de prensa a unir fuerzas para exigir el inmediato cese de la represión, la libertad de todos los detenidos por motivaciones políticas y la restauración plena de la institucionalidad democrática.
Ortega “intenta imponer un apagón informativo” a cuatro meses para las elecciones en las que buscará la reelección, afirma La Prensa de Nicaragua.
También se planteará la necesidad de que la prensa internacional continúe informando sobre lo que ocurre en el país.
La SIP puntualiza que la realización de elecciones generales libres y transparentes el próximo 7 de noviembre, como establece el cronograma actual, solo será posible si se recupera un entorno de pleno ejercicio de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, y de garantías de debido proceso judicial.
“Es imprescindible, además, que el gobierno otorgue amplias facilidades para el trabajo informativo de medios nacionales y del exterior durante la campaña electoral, la jornada comicial y el escrutinio posterior”, plantea la misión.
Testimonios. En una misión desarrollada en formato virtual, por las restricciones sanitarias y las limitaciones impuestas para ingresar al país, la delegación de la SIP dialogó con periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica.
“Varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume el dramatismo del momento: Nicaragua es un país sin ley y sin justicia”, dijo Carlos Jornet,
Iglesia. La Conferencia Episcopal alertó sobre “la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de comunicación.
Homilía. El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos, dijo que “hay nicaragüenses que ya viven con terror, con angustia”.
Elecciones. Es el plazo para presentar candidaturas, pero los principales aspirantes opositores están privados de libertad, sin poder designar abogado defensor y vedados de ser visitados y de recibir alimentos y medicamentos. presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director de La Voz del Interior de Argentina, quien encabezó las conversaciones junto con el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti.
Trotti recordó que dos misiones anteriores de la SIP a Nicaragua –realizadas en 2018 tras las protestas callejeras que dejaron más de 300 muertos y derivaron en la detención de periodistas y dirigentes sociales– habían podido reunirse sin traba alguna con referentes políticos, sociales, religiosos y de medios de comunicación, quienes en aquel momento pudieron expresarse de manera libre y abierta. “Ello demuestra el acelerado deterioro de la situación institucional desde entonces”, dijo. Los participantes en las conversaciones hicieron denuncias sobre “el accionar de grupos parapoliciales y paramilitares, que realizan desmanes en viviendas ya allanadas”, según el reporte. “Las personas son apresadas sin que se les informen las causas, la Policía emite comunicados en los que se afirma que violaron la ley, lo que vulnera la presunción de inocencia, y recién después un juez toma conocimiento de la causa y da supuesto sustento al operativo”, expuso uno de los entrevistados.
La organización recordó que el 20 de mayo último fueron allanadas las oficinas de la revista Confidencial, dirigida por Carlos Chamorro.
A partir de entonces, 21 personas fueron encarceladas e incomunicadas o sometidas a prisión domiciliaria, entre ellas, cinco precandidatos presidenciales. Además, enumera la SIP, se ordenaron restricciones migratorias para periodistas, empresarios y líderes sociales sin causa judicial abierta.
“No solo los periodistas se sienten amenazados: también sus fuentes; incluso las que están en el exilio, por temor a que haya presiones a sus familias”, comentó una de las personas con las que dialogó la misión. “Se criminaliza brindar información, hasta del estado del tiempo”, ironizó el mismo entrevistado. Y agregó: “No hay apatía: hay horror. La calle dice mucho con su silencio”.
Los entrevistados tuvieron posiciones discrepantes respecto del eventual efecto de excluir a Nicaragua de la OEA o aplicarle sanciones económicas como el apartamiento del Cafta y el Acuerdo Marco de Cooperación Centroamérica-unión Europea. No obstante, hay consenso en que la intensificación de las denuncias internacionales sobre la crítica situación institucional en Nicaragua quizá no amilane al régimen, pero al menos lo obligaría a reducir la intensidad de la represión.