CA vista por Sergio Ramírez
El escritor nicaragüense, galardonado con el Premio Cervantes 2017, valora que los países centroamericanos enfrentan tres retos clave: deterioro de la institucionalidad democrática, corrupción y crimen organizado.
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado (Masatepe, 1942), Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2017, afirmó que Centroamérica debe enfrentar a corto y mediano plazo tres problemas clave: el deterioro de la institucionalidad democrática, la creciente corrupción en el sector público y privado y; el flagelo del crimen organizado.
En entrevista exclusiva concedida a E&N semanas después de haber obtenido el máximo galardón de las letras castellanas, Ramírez –ex vicepresidente de Nicaragua durante el primer mandado de Daniel Ortega y miembro dirigencial del sandinismo, con quien rompió relaciones en 1995- señaló que ve con preocupación un deterioro en la estabilidad democrática en Centroamérica en general y, en particular, en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
En el caso de Honduras, se mostró preocupado por la crisis política que sacudió al país centroamericano a raíz de los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 26 de noviembre, en las que Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla se proclamaron ganadores, generándose una violencia política que sacudió y dividió al país.
Tres semanas después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras, declaró ganador a Juan Orlando Hernández con el 42,95%, obteniendo así la reelección presidencial, un hecho que se registra por primera vez en la historia política hondureña. Su contendiente, Nasralla, quien según el TSE obtuvo el 41,42% de los votos, desconoció los resultados oficiales desde un primer momento y apoyó las protestas violentas registradas en dis- tintos lugares del país.
“Veo un gran deterioro en Honduras. El hecho que el Tribunal Electoral no puede brindar resultados confiables en una elección ajustada, eso es preocupante. Un sistema democrático se prueba cuando los resultados son ajustados y todo el mundo queda conforme”, apuntó Ramírez.
“Cuando se desafían esos resultados, cuando se desconfía del Tribunal Electoral, entonces se pone en juego todo el sistema democrático”, agregó.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue muy crítica con el proceso electoral y el Secretario General de esa organización regional, Luis Almagro, abogó porque se repitieran los comicios generales en Honduras, recalcando que no podían “dar certeza de los resultados” electorales finales.
A través de un comunicado oficial, el Secretario General de la OEA, puntualizó que el proceso electoral hondureño estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias, por tanto podían calificarlo como de “muy baja calidad técnica y carente de integridad. Por ende, llamaba a repetirlo ya que el pueblo hondureño merece un ejercicio electoral que le brinde calidad democrática y garantías”.
No obstante, las autoridades del país indicaron que la Constitución no contempla la repetición de un proceso electoral, por tanto, Juan Orlando Hernández llamó al diálogo nacional y tomará posesión el 27 de enero de 2018.
evidencias de deterioro
Además del deterioro de la institucionalidad democrática en Honduras, Ramírez calificó de “democracia asistida”
a Guatemala, ya que si no fuese por el binomio que conforman la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), bajo el mandato de las Naciones Unidas, y el Ministerio Público (MP-Fiscalía) de ese país, la impunidad, la corrupción y la institucionalidad democrática ya habrían acorralado a esa nación.
“Guatemala es una democracia asistida, porque si no fuera por la Fiscalía nombrada por las Naciones Unidas, este sistema no funcionaría igual. Lo vimos con el caso del General Pérez Molina, que está siendo juzgado por esta Fiscalía”, señaló Ramírez.
Iván Velásquez, abogado colombiano, está al frente de la CICIG desde 2014. La institución fue creada en el año 2006 a partir de un acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el gobierno de Guatemala. A partir del año 2015, la CICIG y el Ministerio Público, este último encabezado por Thelma Aldana, emprendieron una cruzada contra la corrupción y han desarticulado más de una docena de casos que involucran a altos exfuncionarios del Ejecutivo, entre otros actores.
La investigación de mayor impacto fue la conocida como “La Línea”, que reveló una estructura de defraudación aduanera dirigida, según el MP y la CICIG, por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva acusados de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
A partir de ese entonces, las dos entidades han dado a luz a varios casos que implican a unas 300 personas, entre exfuncionarios, empresarios, políticos, diputados, alcaldes y particulares, entre otros. La movilización popular, y el apoyo del sector privado, han acompañado esas batallas contra la impunidad y la corrupción.
“En Guatemala, sin embargo, hay una ventaja, hay una movilización social activa”, dijo Ramírez.
En el caso de Nicaragua, el pasado 21 de diciembre de 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer los nombres de 13 personajes sancionados bajo la Ley Global Magnitsky, acusados como violadores de los derechos humanos y corruptos. Entre los señalados está Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua.
“Es una gran tristeza que alguien que cuenta los votos en Nicaragua, aparezca en esa lista conspicua. Yo no voy a juzgarlo, pero ha sido colocado en una lista negra, que está fuera de la ley internacional, eso le quita créditos al Tribunal Electoral nicaragüense y a las elecciones que ha certificado como validación”, afirmó.
Un mes antes, el CSE aseguró que el gobernante Frente Sandinista, liderado por el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, había ganado presuntamente 135 de las 153 alcaldías del país, en los comi-
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cios municipales celebrados el 5 de noviembre de 2017. El Poder Electoral, precedido por Rivas, no dio lugar a los recursos de revisión interpuestos por partidos de oposición en siete municipios del país, donde aseguraban que el partido gobernante alteró las actas y cometió fraude.
La Misión de Observación Electoral de la OEA, por su parte, en el informe final divulgado en la capital estadounidense, apuntó que en general no se afectó la voluntad de los votantes, aunque existen señalamientos “razonables” en los resultados de algunos municipios, los cuales deberían ser revisados. Sin embargo, las autoridades electorales hicieron caso omiso a dicho señalamiento.
“En Nicaragua el problema es institucional. Yo nunca he creído en la tesis de que el autoritarismo genera más desarrollo económico, al contrario, atrasa el desarrollo económico porque es fuente de corrupción”, indicó Ramírez.
“Cuando no hay control transparente, cuando no hay equilibrio de poderes, cuando los jueces obedecen al poder político, cuando la Contraloría de Cuentas no funciona y el poder está en una sola mano o en pocas manos, entonces se presta más a la corrupción”, agregó.
el flagelo de la corrupción
Ramírez, quien recibirá oficialmente el Premio Cervantes 2017 el próximo 23 de abril en Alcalá de Henares (España), calificó de “alarmante” el hecho de que los últimos presidentes de El Salvador estén presos, siendo juzgados o hayan fallecido enfrentando procesos judiciales, acusados por delitos graves de corrupción y de malversación.
En efecto, el expresidente Francisco Flores, quien gobernó ese país de 1999-2004, murió mientras enfrentaba la justicia, acusado de malversar US$15 millones donados por Taiwán para programas sociales. Posteriormente, su sucesor, Elías Antonio Saca, fue detenido el pasado 30 de octubre de 2016 junto a varios colaboradores y afronta un proceso por peculado, integrar agrupaciones ilícitas y lavado de dinero, por el desvío de US$246 millones.
Asimismo, Mauricio Funes, gobernante salvadoreño en el periodo 2009-2014, es acusado de al menos cinco delitos, entre ellos peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, etc. Se encuentra refugiado en Nicaragua, luego que el gobierno de Daniel Ortega le otorgara asilo político.
“Pero, este problema de la corrupción lo vemos reflejado en toda América Latina, y me preocupa que una compañía como Odebrecht, la constructora más grande de América Latina y una de las más fuertes a nivel mundial, haya sido capaz de meter sus manos por todas partes, contaminado a todo el mundo”, dijo y mencionó Brasil, Ecuador, Perú, El Salvador, México, Panamá y República Dominicana, entre otros países.
“Lo que esto refleja es que el concepto del servicio público todavía no es moderno, prevalece todavía una visión del Estado botín. Es decir, llegan y apenas entran a Casa de Gobierno, lo que ven son oportunidades de hacer negocios oscuros porque tienen ventaja sobre el que está compitiendo con ellos”, añadió Ramírez.
A su juicio, la corrupción que estamos viendo está más ligada a “hacer cosas a la sombra”, como en el caso de Odebrecht, que sobrefacturaba los proyectos de infraestructura para repartir sobornos a todos los niveles.
“¿Qué demuestra eso?”, se preguntó el escritor nicaragüense, “que pueden duplicar los costos de una obra porque los sistemas de licitación pública no funcionan, porque los controles estatales no funcionan tampoco, y porque hay grandes oportunidades de hacer cosas a la sombra, porque quien vigila vuelve la cabeza hacia otro lado, o no tiene el poder de vigilar. Ahí está el problema, en la gran debilidad institucional”, insistió.
Ramírez valoró que los problemas que enfrenta Centroamérica son reflejo de un atraso político y de falta de acuerdos políticos fundamentales, de largo plazo.
“Creo que seguimos todavía en un atraso político más parecido al siglo XIX que al sigo XXI. Es decir, las banderas políticas se sostienen de una manera feroz, con enfrentamientos, como hemos visto en Honduras. Entonces, me parece que faltan acuerdos a largo plazo que tengan que ver con el respeto al régimen democrático y el compromiso de todo el mundo de someterse a la institucionalidad democrática”, opinó Ramírez.
“Creo que tenemos agendas muy cortas, o agendas que no sobreviven al año siguiente, y todavía el vicio de que no hay continuidad política en los programas de gobierno. Si un gobierno levantó un muro, el siguiente lo derriba. En Centroamérica, la casa del desarrollo no la vamos a construir sino a plazos de 20 o 30 años, y esto tiene que ver con acuerdos de largo plazo para una transformación estructural, que nos lleve a niveles de desarrollo más altos. Crecer a 2,5%, 3% o 4,5% no es suficiente, esos números no nos llevarán a la transformación verdadera; tenemos que duplicar las cifras para poder acumular crecimiento”, concluyó el escritor nicaragüense Premio Cervantes 2017
“en estos tiempos, es muy provinciano el concepto de la soberanía nacional. por ejemplo, siempre se habla del golfo de fonseca como zona de integración, pero no se da un paso en esa dirección por reclamar la soberanía en una isla u otra”.