Costa Rica: El futuro después de las elecciones.
Escenario electoral en Costa Rica: de la desorientación e incertidumbre a la sorpresa y negación. Evangélico y candidato oficialista, a balotaje
La campaña electoral en Costa Rica se puede dividir en cuatro fases. Una primera desde la convocatoria formal del Tribunal Supremo de Elecciones (3 de octubre) hasta la tregua electoral (1 de enero) por un caso de corrupción en la banca pública y en favor de un inversionista en el área de la construcción; una segunda fase, de apenas una semana (hasta el 8 de enero), con un intento de reacomodo temático; la tercera del 9 al 28 de enero en torno al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo; y la cuarta con los debates y últimas encuestas de opinión pública.
El sistema de partidos políticos atraviesa desde hace años por una crisis caracterizada por la ausencia de formación de cuadros, sin propuestas programáticas estratégicas (que apunten al estilo o modelo
Cuatro fases hasta llegar a lo ocurrido
de desarrollo) y casi sin vinculación con la sociedad civil.
Inicio de campaña: el cemento
El espacio público de la discusión política fue tomado casi que en exclusivo desde finales del mes de junio del 2017 por el caso del otorgamiento de créditos por parte de una entidad bancaria pública a una empresa privada para la importación y comercialización de cemento en el país, conocido como el caso del “cemento chino”. Desde antes del inicio de campaña cobra la mayor relevancia en la discusión e información en medios, opinión pública y por parte de los propios partidos políticos. Es un caso que involucra a los tres poderes del Estado, tocando juntas directivas, magistraturas, diputaciones y hasta al presidente de la República.
A falta de una narrativa política de campaña electoral, el caso colaboró en llenar el espacio simbólico
con medios, figuras, paladines y malvados, en una narrativa monotemática en torno a la corrupción que hasta logró que una comisión compuesta por diputados -curiosamente quienes menor reputación política positiva gozan- se transformara probablemente en la mejor comisión de los últimos años del país. Este caso fue el escenario idóneo para que un candidato como Juan Diego Castro, con la lucha contra la corrupción como su principal bandera, se constituyera en la primera opción electoral, atalaya desde donde ejecutó una estrategia igualmente monotemática en lo fundamental y de ataque a los principales partidos políticos en contienda, especialmente al Partido Liberación Nacional, con cuyo candidato, Antonio Álvarez Desanti, además mantenía una vendetta personal. Castro y Álvarez cobraron la mayor notoriedad y se erigiron durante este período en los punteros de la contienda.
camino a la polarización
Luego de la tregua electoral, que dio inicio el 16 de diciembre del 2017 y hasta el 1 de enero del 2018, el país retornó a un arranque de campaña. La fase que se da entre este inicio y hasta el 8 de enero, pequeña, pero fase al fin, deja ver que aún los partidos políticos continúan sin narrativa, sin un relato que logre ganar notoriedad. La precariedad de planteamientos en estrategias de comunicación, oferta programática y candidaturas, fue más que evidente. Hasta ese momento, por parte de los dos contendores que entonces lideraban, se había vendido la idea -la ficciónque el país estaba frente a una campaña polarizada, una disyuntiva sin discusión, ya dada por el destino.
Dicha campaña resultó no solo falsa, sino que fue desenmascarada por lo que sí venía siendo latente en el país: una pugna entre el conservadurismo y el progresismo.
El caso del “cemento chino” perdió relevancia. Hubo un informe legislativo del 23 de diciembre y las acciones emprendidas desde el Poder Judicial a través especialmente del Ministerio Público demostraron que el sistema institucional funciona. Se dieron allanamientos, capturas y hasta encarcelamiento de los presuntos principales implicados. Por otra parte el candidato monotemático anticorrupción cometió al menos tres errores, de ataque a medios y periodistas, al Tribunal Supremo de Elecciones y a las mujeres que forman parte del Poder Judicial. Así el cemento dejó de ser un caso ruidoso y la ciudadanía empezó a desear escuchar de otros temas. De repente dejó de ser un panorama blanco y negro, para convertirse en uno multicolor.
bandera multicolor, país ¿de paz?
En Costa Rica existen suficientes antecedentes acerca de la relación entre religión y fines políticos. Al inicio de la administración 2010-2014 hubo reuniones con la jerarquía protestante y posteriormente se nombró a la Presidenta (Laura Chinchilla) Hija Predilecta de Nuestra Señora de los Ángeles, para luego “consagrar a Dios” al país y los tres poderes del Estado tuvieron que pedir perdón bajo el auspicio de la jerarquía católica. De igual manera durante esa administración se puso freno al avance de los Derechos Humanos al colocar como Presidente de la Comisión para tal tema en la Asamblea Legislativa a un diputado pastor evangélico.
Posteriormente con la administración 2014-2018 (Luis Guillermo Solís), se da la llegada de un clérigo de la jerarquía luterana al Ministerio de la Presidencia y la negociación de los Derechos Humanos como moneda para que resultara electo el Presidente de la Asamblea Legislativa en 2014, mientras que en febrero de 2016 pastores y “apóstoles” impusieron manos al presidente Solís. Finalmente gracias a la conjunción de varios elementos, entre ellos el haber sido “la mano derecha” del que hasta el pasado 4 de febrero fuera el candidato del PLN en el Congreso y bajo el llamado de no rasgarse las vestiduras, quedó en la Presidencia de la Asamblea Legislativa, un diputado del llamado “bloque evangélico”.
Con esos antecedentes llegamos al 22 de julio a una primera marcha que buscaba la defensa de la familia, la vida, la libertad religiosa y contra la (inexistente) ideología de género. Sin embargo, el punto más alto - dentro del proceso electoral- fue la marcha “por la familia” realizada el 3 de diciembre de
2017. No era esta la primera marcha en que jerarquía católica y la evangélica participaban en conjunto. Pero en esta ocasión además participaron candidatos a la Presidencia de la República de Costa Rica.
Con estos antecedentes es fácil determinar que los elementos para un enfrentamiento social, político y religioso estaban dados. Con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se da el detonante, en el catalizador político, que ninguno de los candidatos por sí mismos, ni los partidos políticos logró edificar para ganar notoriedad, despertar emociones y convocar a la movilización ciudadana.
Con ello se enciende la chispa bajo el presunto país de paz y se desata un enfrentamiento que tiñe de fanatismos religiosos y políticos la campaña. Ante un conservadurismo disputado, pero sobre todo disperso entre distintos candidatos, es el representante del Partido Restauración Nacional, el diputado, salmista y predicador evangélico, Fabricio Alvarado quien concentra en torno a sí la atención, ello merced a un llamado más extremo de lucha que incluso le lleva a decir que el país bajo su mando podría abandonar la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por otra parte, diversos eventos entre los que cuentan intenciones de dejar por fuera de los debates al candidato del oficialista Partido Acción Ciudadana, así como su desempeño en estos foros y la nueva narrativa político religiosa, visibilizan a Carlos Alvarado, quien amalgama en torno a sí la representación del progresismo. Ambos candidatos se convierten en los actores principales del desenlace del proceso electoral costarricense, ninguno convirtiéndose en ganador en primera ronda y llevando por lo tanto al país al balotaje.
De ‘shock’ religioso a ‘shock’ político
Dado que el sistema electoral costarricense en su legislación señala que las elecciones de segunda ronda deben realizarse el primer domingo de abril, resulta paradójico que dicha fecha sea el domingo de resurrección, según la tradición religiosa dominante en el país, el judeocristianismo.
Lo que sí queda en evidencia es cómo se divide el territorio nacional de cara al proceso electoral. Alvarado Muñoz, diputado y representante del conservadurismo triunfa especialmente en las zonas fuera de la concentración central urbana, más deprimidas económica y socialmente, en el tanto que Alvarado Quesada, ex presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social y ex ministro de Trabajo, del oficialista Partido Acción Ciudadana, obtiene mayor apoyo de los sectores urbanos del centro del territorio, con mayor escolaridad y nivel socioeconómico.
Queda en evidencia que aquellas poblaciones para las cuales su participación y el propio sistema político no les ha significado para nada su desarrollo económico, no encuentran motivo por el cual ejercer su derecho al sufragio, mostrando tanto un mayor abstencionismo, como un voto a favor del religioso. Son esos ciudadanos que independientemente de quien resulte electo, no ven mejoría en su situación o más bien han escuchado sus promesas, pero una vez en el poder una y otra vez les han visto incumplirlas. Está comprobado que a nivel local existe una alta correlación entre el Índice de Desarrollo Humano (bajo) y el abstencionismo en el país, tal como lo indica el investigador social Elías Chavarría Mora.
De cara a la segunda ronda electoral, pero especialmente dadas las condiciones del país en su situación fiscal negativa, es fundamental trabajar bajo la óptica de alcanzar consensos y acuerdos para la atención del déficit, así como de una agenda de desarrollo. Es por ello que más que la solución de los desencuentros por el nuevo clivaje conservadorprogresista que parece aflorar, el balotaje representa la oportunidad de contar con una narrativa país, una en que converjan intenciones por establecer procesos de diálogo, un guion más allá de protagonistas y antagonistas, que tenga como telón de fondo los elementos estructurales del modelo de desarrollo, que pasa por estas diferencias entre centro-periferia, pero que también atienda elementos centrales de empleo, seguridad social, educación, salud e infraestructura.
Habrá que ver el desenlace de ese quinto capítulo o fase, que recién inicia en la carrera por la silla presidencial costarricense
el próximo 1 de abril costa rica votará en segunda ronda entre el candidato conservador fabricio alvarado, y el progresista carlos alvarado