¿La última oportunidad para Costa Rica?

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional parece un paso fundamental para evitar una crisis de dimensiones considerables.

Las agencias calificadoras internacionales lo tienen claro. El entuerto económico en el que está metido Costa Rica se puede arreglar. Moody’s apunta que el país no tiene tanto un problema fiscal, sino de gobernabilidad, de “voluntad política”, donde nadie se pone de acuerdo con nadie. Con las elecciones presidenciales y legislativas a un año vista, los acuerdos se tornan todavía más caros..

En enero el gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional llegaron a un acuerdo para el otorgamiento de un préstamo por valor de US$1.750 millones -las necesidades de financiamiento del gobierno en 2021 serán de aproximadamente US$9.000, por lo que, desde la perspectiva de financiamiento del gobierno, el impacto de este acuerdo es pequeño- que ahora debe pasar por la Asamblea Legislativa.

Entonces, si apenas supone una quinta parte de lo que se necesita. ¿Por qué muchos piensan que este acuerdo con el FMI es fundamental para el futuro inmediato del país? Ronald Xirinach, socio de Asesoría Financiera de Deloitte apunta que el mayor valor del acuerdo “es señalizarles a los inversionistas institucionales que compran deuda soberana que se tiene un plan certificado por una multilateral para disminuir el desbalance fiscal y contener el crecimiento del apalancamiento”. Así, este “sello de aprobación” permitiría que el país realice futuras emisiones de eurobonos y, eventualmente, trate de que inversionistas extranjeros compren deuda soberana en moneda local. “Si esto se lograse, el gobierno dejaría de estrujar al sector privado en la consecución de recursos, quitaría presiones de tasas de interés y podría favorecer la inversión privada”.

Xirinach es optimista con respecto a un

acuerdo en la Asamblea Legislativa, dado que esta legislatura ha sido “la más productiva en más de treinta años” y fue la que aprobó el Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Sin la regla fiscal que introdujo este Plan, el acuerdo con el FMI no hubiese sido posible. “Esta legislatura mantendrá su compromiso con sanear las finanzas públicas y dará los pasos para aprobar los proyectos y el acuerdo con el Fondo”.

Con una deuda pública asfixiante del 68 % del Producto Interno Bruto, el acuerdo lograría frenar el intenso incremento de la misma. Sin acuerdo, en 2025 se iría hasta el 83,7 %, mientras que con acuerdo se espera que suba, sí, pero hasta el 73,3 % del PIB. La meta es que en en 2035 haya decrecido hasta suponer el 50 % del PIB.

La reforma fiscal que conlleva el acuerdo ha sido altamente controvertida. La primera semana de octubre de 2020 hubo múltiples cortes de carreteras, huelgas y movilizaciones que postraron la primera propuesta gubernamental, por parte de sindicatos y otros movimientos sociales (incluidos sectores empresariales). Ahora también hay una respuesta, pero Xirinach no cree que el Gobierno se vuelva a echar para atrás, el acuerdo con el FMI “tiene que salir adelante. La diferencia respecto al año pasado es que en octubre había claridad de cómo se iba a financiar el gobierno con el cierre del año sin el FMI, lo que les dio un poco de tiempo para ese ejercicio de convergencia con actores sociales”.

Según el Gobierno, de cara a 2025 el 75 % del ajuste acordado tendría que ver con la reducción del gasto público, y un 25 % con un incremento de la recaudación (nuevos impuestos). No llegar a un acuerdo incidiría de inmediato sobre las tasas de interés y sobre las expectativas de los inversionistas extranjeros y nacionales, así como sobre las expectativas de los consumidores.

Estimaciones del Banco Central apuntan a una recuperación de la economía costarricense en 2021, con un incremento del 2,6 % del PIB, y el 3,6 % en 2022 (tras la caída de -4,5 % del PIB en 2020, asociado a la pandemia); y un incremento del déficit fiscal del 7 % y 5,9 % respectivamente (frente al 8,1 % con que cerró 2020). Estas cifras se darían en caso de que pase el acuerdo con el FMI por la Asamblea Legislativa.

AÑO DE GRANDES BATALLAS

El 2020 ha sido un año duro para la economía. La COVID -19 ha ensombrecido todo, por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo se perdieron 30.000 microempresas.

Pero algunos sectores han conseguido salir airosos. Las exportaciones de bienes crecieron un 1,9 % el pasado año, debido a la diversificación que ha trabajado el país en las últimas décadas. Las exportaciones de servicios sí que han sufrido una caída significativa, arrastradas por el desplome del turismo.

Los exportadores generan 680.000 empleos directos. Laura Bonilla es la presidenta de su cámara gremial, Cadexco, quien apunta que en 2021 el Gobierno deberá trabajar de la mano con el sector exportador para reactivar la economía nacional y cree que ahora “es más notoria la necesidad de potenciar la sinergia entre lo público y lo privado”.

Bonilla, también gerente general de B&C Exportadores y Productos Congelados Bajo Cero, explica que en 2020 “libramos una de las principales batallas empresariales y comerciales desde nuestra fundación” y afrontan el nuevo año con inversiones y la misión de generar mayor valor agregado.

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) atrae empresas tanto de bienes como de servicios, asociados a alta tecnología, siendo la responsable de la diversificación de la economía costarricense. En 2020, Cinde reportó cifras récord en proyectos de inversión y de generación de empleo formal a partir de multinacionales. En un año con caída generalizada del empleo, las ‘empresas Cinde’ generaron “casi 20.000 empleos formales y se confirmaron 81 proyectos de inversión entre nuevas empresas y reinversiones”, explica su director general, Jorge Sequeira. Bonilla incide en que los dos próximos años todavía estaremos coexistiendo con las secuelas de la pandemia, “el contexto país vivirá cambios políticos y se deberán tomar decisiones que repercutirán en las próximas generaciones”