Nicaragua: PIB caerá por cuarto año consecutivo
El país entra a un año electoral en condiciones adversas: sin libertades políticas, bajo represión y sin garantías de comicios transparentes.
Nicaragua ha entrado a un año electoral en las peores condiciones políticas y económicas de las dos últimas décadas. La economía se ha contraído a lo largo de tres años seguidos -desde el levantamiento cívico en 2018-, el desempleo abierto se ha disparado, al igual que el universo de nicaragüenses en situación de pobreza.
Por otra parte, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha reforzado el rumbo autocrático y dictatorial, al instaurar la pena de cadena perpetua a autores de “crímenes de odio”, al elevar de 48 horas hasta 90 días el plazo para mantener detenida a una persona sin ser acusada, al imponer de facto casa por cárcel a figuras opositoras sin pesar sobre ellas juicio ni sentencia alguna, al violentar los derechos a movilizarse y reunirse establecidos en la Constitución y, finalmente, al entrar en vigencia un paquete de leyes represivas tropicalizadas de Rusia.
Para Juan Sebastián Chamorro, economista y figura opositora de alto perfil, este año 2021 es emblemático porque se conmemoran 200 años de la independencia de España y porque si hay realmente reformas electorales y condiciones para unos comicios justos, transparentes y vigilados, podría ser el año del fin de la dictadura y la opresión, al derrotar a Ortega y Murillo, quienes solo cuentan con el 25% de simpatías políticas de los nicaragüenses, de acuerdo a la última encuesta de CID - Gallup.
“Estos dos siglos de historia independiente han sido muy peculiares. Hemos pasado más tiempo entre dictaduras que en democracia; y la figura del dictador ha sido más una constante que una excepción. Pero la dictadura actual es la más cruel, la más corrupta y la más violenta de entre todas las
que registra la historia de Nicaragua”, apunta Chamorro.
DINAMISMO INSUFICIENTE
Mario Arana, economista y gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), comentó que en el último trimestre de 2020 se registró un cierto dinamismo en varios sectores económicos, entre ellos pesca, manufactura, comercio, pecuario, agricultura y hasta construcción.
Sin embargo, apuntó que eso no compensó la caída del Producto Interno Bruto (PIB), que se estima en una contracción de -2,5%, cifra menor al 4% proyectado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su Balance preliminar de las economías 2020.
“Las proyecciones para el país son hacia una estabilización de la caída económica. Las proyecciones estiman que el PIB en 2021 crecerá hasta alrededor de 1%, lo que no representa gran alivio, cuando se viene de un acumulado superior al 12% de caída, pero se detiene el deterioro. No obstante, la inversión pública impulsada por ciertas obras de reconstrucción por el paso de los huracanes Eta e Iota no podrá aliviar o amortizar la caída fuerte acumulada experimentada”, señaló Arana.
De acuerdo a reportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), compartidos a E&N, se estima que alrededor de 3 millones de personas resultaron afectadas por los huracanes ETA e Iota, a finales de 2020, en 56 municipios del país. Además, 37.000 hectáreas de tierras cultivadas dañadas y la pérdida de 42.000 animales.
Arana señaló también que 2021 es un año electoral, sin embargo, criticó y lamentó que no se dan muestras de querer garantizar elecciones libres y transparentes por parte del gobierno. En los comicios que se celebrarían el primer domingo de noviembre, se elegirían Presidente y Vicepresidente, Diputados nacionales y departamentales, Alcaldes y Concejales. También a representantes ante el Parlamento Centroamericano.
Pero, no se han liberado a decenas de presos políticos, ni se han garantizado las reformas electorales acordadas por Ortega con la Organización de Estados Americanos (OEA).
“La falta de legitimidad de unas elecciones que favorecieran la continuidad del gobierno actual, no augurarían al país la recuperación económica, ni la gobernabilidad que se necesita para reconstruir la economía”, afirmó.
Reconoció que la relación entre el gobierno y el sector privado continúa altamente tensionada, por no decir rota. Recordó que la reforma tributaria draconiana que se impuso en febrero de 2019 afectó negativamente la liquidez de las empresas y profundizó la contracción económic.
Sin embargo, reconoció a su vez que el gobierno ha asegurado que los balances macroeconómicos se manejen y ha apoyado en momentos la liquidez de los bancos, asimismo, ha cambiado medidas de supervisión para dar flexibilidad al sistema y manejar las presiones de carteras de préstamos con dificultades. Por otra parte, el gobierno ha vuelto a tener acceso a paquetes financieros regionales y multilaterales para enfrentar el impacto de la COVID -19.
No obstante, desde que estalló la crisis política en abril del 2018, confirmó que la situación de déficit del sector público no financiero se ha complicado para Nicaragua. Los déficits han crecido consistentemente hasta alcanzar un déficit esperado de cerca de – 7% en el 2020, el cual prevé que no cambiará mucho en el 2021.
“En una primera etapa se financió con crédito interno, pero en lo fundamental ante la falta de financiamiento externo, se recurrió a una fuerte reforma tributaria, que rindió al inicio, pero no es sostenible”, apuntó.
Arana, economista y ex Ministro de Economía y de Hacienda en gobiernos anteriores, insistió que el problema de Nicaragua en lo económico no es tanto ya el impacto del COVID propiamente, como lo es el problema político y de incertidumbre que tiene trastocada muchas decisiones, y variables e indicadores económicos claves.
Entre éstos, el retorno de miles de millones de dólares de los depósitos., que salieron del país a raíz de la crisis política de 2018