Nicaragua reemplazó Estado de Derecho por voluntad de Ortega
Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional advierte que el problema del país centroamericano supera el de la corrupción.
“El problema de Nicaragua no es sólo de corrupción. Nicaragua es un gobierno autoritario, donde el Estado de Derecho ha sido reemplazado por la voluntad omnímoda del matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo”. La definición es de Delia Ferreira Rubio, quien desde 2017 preside mundialmente Transparencia Internacional.
Ferreira es argentina, doctora en Derecho, con una larga trayectoria como docente, varios libros publicados y años de trabajo como consultora independiente en diversos organismos internacionales.
En diálogo con E&N, advierte que con la pandemia se acentuaron tendencias que ya estaban latentes, como un mayor autoritarismo: “En muchos países observamos que los mecanismos de transparencia y control fueron puestos en suspenso y las decisiones adoptadas no respetaron los estándares internacionales para el gobierno en emergencia”. Advierte que la emergencia “no es un cheque en blanco”.
La ONG presentó su tradicional clasificación anual sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), en el que dos tercios de los 180 países contemplados quedaron por debajo de los niveles aceptados. El organismo advirtió sobre la situación particular de América Latina, donde sólo tres de las 19 naciones analizadas obtuvieron una puntuación favorable.
En su último informe sobre la corrupción en el mundo, Transparencia Internacional subrayó que la pandemia empeoró los niveles de corrupción. Dos tercios de los 180 países medidos no alcanzaron los niveles aceptados de medición; se registró una puntuación media mundial de 43 sobre 100. En la última década, la mitad de las naciones no ha registrado ningún progreso contra las prácticas ilícitas, como el “soborno y la malversación a los precios abusivos y el favoritismo”.
“El año pasado puso a prueba a los gobiernos de una manera como no se recuerda y aquellos con mayores niveles de corrupción han sido menos capaces de afrontar el desafío. Pero incluso aquellos mejor puntuados deben hacer frente de forma urgente su papel en perpetuar la corrupción en casa y en el extranjero”.
Con la pandemia y las cuarentenas, en varios países la oposición plantea que hay abusos de poder ¿Puede haberse originado una tendencia a la profundización de conductas de ese tipo? ¿Antes de la pandemia observaban datos preocupantes?
Las emergencias requieren respuestas urgentes que naturalmente producen una tendencia a concentrar las decisiones en el Ejecutivo. Lo que resulta preocupante en el caso de esta pandemia es que algunos gobiernos utilizaron al Covid como una excusa para el abuso. En muchos países observamos que los mecanismos de transparencia y control fueron puestos en suspenso y las decisiones adoptadas no respetaron los estándares internacionales para el gobierno en emergencia. Esos principios internacionales establecen claramente que en la emergencia las restricciones a los derechos deben ser limitadas en el tiempo, razonables y proporcionales,
no discriminatorias y sujetas a control. La emergencia no es un cheque en blanco.
La concentración de poder, dicen algunos especialistas, ya no tiene los formatos clásicos, está más impactada por la tecnología ¿Comparte esa lectura? ¿Qué características nuevas observa?
Hubo abusos de poder especialmente vinculados al uso de tecnologías de vigilancia y control. Algunas de las aplicaciones para seguimiento de contacto, por ejemplo, no respetaron la protección de datos personales. En algunos países los datos recogidos por el Estado fueron más allá de los estrictamente vinculados a la salud y luego fueron compartidos con las agencias de inteligencia. Es una tendencia muy preocupante vinculada al afán del Estado por controlar y en algunos casos manipular la vida de los ciudadanos.
¿Tiene la sociedad civil alguna forma de reaccionar ante estos intentos de control?
Por supuesto y así lo han hecho en muchos países, recurriendo a las agencias encargadas de la protección de datos o directamente a la Justicia. Los mecanismos de defensa varían de país en país en función de la legislación aplicable. Hay organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de la privacidad y la protección de datos que también se han movilizado.
En medio de la pandemia y por las urgencias de salud se aceleraron las compras directas, las contrataciones sin licitación. ¿Cuán alerta se debe estar a que estas líneas se extiendan? ¿Puede haber un alza de la corrupción en estos segmentos?
En efecto, el área de contrataciones públicas presenta altos riesgos de corrupción. Las contrataciones de emergencia, directas, sin licitación o confidenciales dificultan el control y favorecen la corrupción. En algunos países se han utilizado los mecanismos previstos para las compras de emergencia relacionadas con la respuesta al Covid, para contratos que no tenían nada que ver con la emergencia.
En los lugares donde actúa Transparencia Internacional, ¿cuáles son las formas de corrupción que se repiten? ¿Hay factores comunes por región, por ejemplo?
En esta pandemia y en todas las regiones las áreas donde más riesgos y casos de corrupción se han registrado son: a) compras públicas, b) asignación de subsidios, planes de ayuda, beneficios fiscales y c) ejecución de los paquetes de ayuda y crédito proveniente de los organismos multilaterales. También se han denunciado en algunos países casos de la llamada pequeña corrupción a través de pedidos de coimas para acceder a atención sanitaria (camas en hospitales, respiradores en terapia intensiva, testeos y durante este año para acceder a las vacunas).
¿Qué evaluación hacen de Centroamérica en cuanto a la corrupción?
Los países centroamericanos, con la excepción de Costa Rica, registran puntajes muy bajos en el Índice de Percepción de Corrupción. En la edición 2020, sobre la escala de 100 (sector público percibido como muy transparente) a 0 (percibido como muy corrupto), Costa Rica obtuvo 57 puntos, El Salvador 36, Panamá 35, Guatemala 25, Honduras 24 y Nicaragua 22.
La situación de Nicaragua es alarmante, hay condenas de diferentes Estados a la administración de Ortega. ¿Cuánto pesan esas proclamaciones en la posibilidad de un cambio de rumbo? ¿Qué puede hacer la región para avanzar en una solución?
El problema de Nicaragua no es sólo de corrupción. Nicaragua es un gobierno autoritario, donde el Estado de Derecho ha sido reemplazado por la voluntad omnímoda del matrimonio Ortega-murillo; un régimen en el que no se respetan los derechos humanos, ni la libertad de prensa, ni los derechos políticos. Hasta el momento, el repudio internacional no parece haber sido efectivo ya que los abusos de poder han ido en aumento.
¿Qué prácticas debería asumir la ciudadanía, más allá del voto democrático, para luchar contra la corrupción y el abuso de poder?
Los ciudadanos deben defender sus derechos y utilizar las herramientas disponibles para exigir transparencia, control y rendición de cuentas, así como para denunciar los casos de corrupción. Y, por supuesto, cuando llegan las elecciones no votar a corruptos. Hay que abandonar el eslógan “roban, pero hacen”, como criterio para decidir el voto.
¿Entiende que la pandemia y los cierres hicieron que aprendiéramos algo? ¿En qué áreas?
Una lección que espero hayamos aprendido es que la emergencia no es un cheque en blanco. Las constituciones no pueden ser puestas en cuarentena. Los problemas deben ser enfrentados sin violar la ley y los derechos humanos. Hubo muchos abusos que no deberían repetirse.
Se habla mucho de reconstruir para mejor, de una nueva normalidad. Es un gran desafío para toda la sociedad. Será necesario reconstruir la confianza y revalorizar una agenda de integridad en todos los sectores
Los países centroamericanos, con La excepción de costa rica, registran puntajes muy bajos en el índice de percepción de corrupción. sobre La escala de 100 (muy transparente) a 0 (muy corrupto), costa rica obtuvo 57 puntos, el salvador 36, panamá 35, guatemala 25, Honduras 24 y nicaragua 22