Fin de los TPS, un dardo a las economías centroamericanas
La eliminación del Estatus de Protección Temporal implica un cambio en el volumen de las transferencias de remesas hacia Centroamérica
La política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, cuya primera oleada trajo consigo la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 58.000 hondureños, 2.500 nicaragüenses y 195.000 salvadoreños viviendo en Estados Unidos, tendrá un fuerte impacto para las economías de estos países centroamericanos, así como en las condiciones de vida de miles de familias de ambas naciones, ya que las remesas representan un peso importante a nivel micro y macroeconómico, y sus países no tienen la capacidad de absorber exitosamente a esta mano de obra.
Manuel Orozco, Senior Fellow en los temas de Migración Remesas y Desarrollo por parte del organismo Diálogo InterAmericano, con sede en Washington, confirmó a E&N que en el caso de El Salvador las remesas se estima aumentaron 10 % en 2017, frente a 6,4% en 2016; y en Nicaragua la estimación es de incremento del 11%, frente a crecimiento del 5,6% en 2016.
“El crecimiento de las remesas a América Latina y a Centroamérica en particular, está directamente vinculado con la ola migratoria que ha continuado en el 2017. El crecimiento de remesas a LAC (Latinoamérica y El Caribe) fue de 8%, pero para la región fue por encima del 10%. El fuerte aumento está asociado con esa continuidad de gente que sigue saliendo, debido a una mezcla entre inseguridad física y económica”, señaló Orozco.
En términos macroeconómicos, para El Salvador, el flujo de remesas que envían los familiares en el exterior representan el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), 10% en el caso de Nicaragua y 17% para Honduras. “Las remesas son una consecuencia del pobre rendimiento económico de la región, basado en una economía orientada hacia actividades agrícolas, de servicios de poca calificación laboral, turismo, y maquila. Este no permite que las personas logren cubrir sus necesidades básicas o de bienestar, mucho menos para generar riqueza. Al migrar, la intención principal es de reunificarse con sus familiares y a la vez cuidar de quienes están en el país de origen. Los volúmenes de remesa tienen un efecto muy fuerte sobre la economía y mantienen tasas estables de crecimiento”, apuntó el experto.
Perfil de migrantes
De acuerdo con Orozco, el perfil del migrante centroamericano no ha cambiado mucho, excepto en lo que se refiere a las razones de porqué salió de su país.
“En una encuesta que realizamos en el 2016, el 11% dijo que salió por razones de inseguridad en su país y en el 2017 la cifra había subido a 20%”, indicó Orozco, quien agregó que la Alianza para la Prosperidad, una iniciativa impulsada en los países del Triángulo del Norte, con el apoyo de los Estados Unidos, para frenar la migración irregular aun no ha tenido el impacto deseado, por múltiples razones.
Al respecto, aseguró que el perfil del migrante centroamericano es el mismo:
Es decir, son personas con un promedio de 40 años, con un ingreso menor a US$28.000 anuales, con una educación mínima –no más allá de 8 años de formaciónde ambos sexos, con hijos en Estados Unidos en un 25% y con hijos en el país de origen en un 40% de los casos.
“La mayoría de estos migrantes trabajan en construcción, cuido de niños y trabajo doméstico, servicios de hospitalidad y restaurante, y solo uno de cada diez ejerce una ocupación profesional”, reveló Orozco, basándose en encuestas realizadas por Diálogo Inter-Americano.
A nivel personal, estimó que un migrante centroamericano envía cerca del 15% de su ingreso mensual, por un monto anual de US$4.200.
El experto, de origen nicaragüense, apuntó que pese a la retórica anti-inmigrante de la administración Trump, la tendencia migratoria ha continuado en un ritmo similar al de años anteriores, con personas en busca de seguridad y en pos del “sueño americano”.
Sin embargo, agregó que las deportaciones de migrantes ilegales de la región aun continúan. Al respecto, basándose en estadísticas oficiales estadounidenses, Orozco estimó que en el periodo correspondiente de enero a junio del año fiscal 2016, las autoridades capturaron a 17.512 ciudadanos salvadoreños, mientras en el mismo periodo del año fiscal 2017, se reportaron 9.143 migrantes salvadoreños detenidos.
En el caso de Guatemala, las autoridades fronterizas estadounidenses reportaron la captura de 18.913 migrantes ilegales de ese país entre enero y julio del año fiscal 2016, mientras en el primer semestre del año fiscal 2017 se reportaron 14.827 migrantes ilegales guatemaltecos detenidos.
Con respecto a Honduras, en el periodo enero a junio del año fiscal 2016, fueron detenidos 10.468 migrantes ilegales de ese país, que intentaban cruzar las fronteras de Estados Unidos. En el mismo periodo del año fiscal 2017, la cifra reportada corresponde a 7.784 migrantes ilegales hondureños detenidos.
Crisis Compleja a la vista
En noviembre de 2017, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos informaron oficialmente que no renovaría el Estatus
de Protección Temporal (TPS) a los nicaragüenses residentes en ese país, cobijados por ese estatus migratorio establecido a raíz del impacto del huracán Mitch en el país, en 1998. Por tanto, 5.349 beneficiarios tendrán hasta el 5 de enero de 2019 para regularizar su situación migratoria o regresar al país de origen.
Por otra parte, el pasado 8 de enero de 2018, las mismas autoridades informaron sobre la cancelación del TPS para la comunidad de salvadoreños, beneficiados con dicho estatus migratorio temporal, cuyo número se eleva a unos 200.000 ciudadanos. Por tanto, tendrán hasta septiembre de 2019 para regularizar su situación migratoria o abandonar los Estados Unidos.
En el caso de Honduras, las autoridades aceptaron prorrogar el TPS hasta el 5 de julio de 2018, para analizar la situación y brindar una respuesta definitiva. Se estima que son beneficiados más de 58.000 ciudadanos de ese país centroamericano.
“Las consecuencias pueden entenderse desde varias aristas. Es un tema muy complejo porque estamos hablando del efecto económico, el factor social y psicológico de separarse y retornar, y el ambiente político propicio para esperarlos”, valoró.
Sobre el impacto económico potencial, el experto señaló que los estudios del organismo muestran que 146.500 salvadoreños beneficiados con el TPS envían dinero a sus familiares, cifra que representa aproximadamente un 14% del universo total de remesantes de ese país.
Ellos mandan un 6% más de lo que envían la mayoría o el promedio, cifra que representaría alrededor de US$4.300 anuales para cada hogar salvadoreño con familiares acogidos por el TPS. Esa remesa anual representa el 42% del ingreso total de esos hogares, constituidos en su mayoría por personas mayores, con una edad promedio de 58 años, y con un hogar de tres miembros. El monto global de esos fondos asciende a más de US$630 millones. Esta cantidad es equivalente al 2.4% que El Salvador tuvo de crecimiento económico en 2017.
Orozco vislumbró tres escenarios. El primero es determinado por el hecho de que el 25% de los salvadoreños bajo el estatus del TPS tienen hijos nacidos en los EE.UU., por tanto tienen opción de aplicar para el ajuste de estatus migratorio y continuar su vida allí. En el segundo escenario, asumir el riesgo de quedarse pese a no tener estatus legal. Y, un tercer escenario, regresar tras 20 años fuera del país.
“La eliminación del TPS implica como consecuencia que habría un cambio en el volumen de las transferencias de remesas”, concluyó Orozco