Los contratos fantasma de la CDMX

Hace unas semanas se dio a conocer que el Gobierno de la Ciudad de México por adjudicación directa contrató, al menos, a tres empresas -dos de ellas “fantasma”- para que se encargaran de un trabajo de contaduría ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dichos contratos fueron tramitados por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; lo extraño es que dichos contratos contenían labores que tienen bajo su responsabilidad los propios responsables de dicha dependencia.

Los contratos fueron hechos en diciembre de 2017, cuando aún era jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y otros dos contratos fueron firmados durante la administración de José Ramón Amieva. Los documentos realizados poseen diversas características similares; por ejemplo, por una semana de trabajo, las gananciasfueron de entre 300 y 600 millones de pesos.

Se suponía que por dichos contratos el gobierno de la ciudad obtendría más de tres mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda, y que por ello se había solicitado la intervención urgente de estos despachos.

Ante la denuncia de que por tales contratos el gobierno había pagado cerca de los mil millones de pesos (la mitad del presupuesto de la reconstrucción de la ciudad), el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, decidió emprender una investigación a través de la contraloría interna.

Como pocas veces, la investigación fue rápida (lo cual no es una crítica) y las conclusiones resultan preocupantes. Pues de acuerdo a la contraloría, ninguno de los contratos era necesario; incluso tras la investigación, el Órgano de Control Interno de la ciudad detalla que la contratación de estas empresas no “era procedente”.

Y concluye que en este caso todos los servidores públicos “de las unidades responsables de gasto que hayan autorizado los pagos a través de cuentas por liquidar certificadas son los directamente responsables de la elaboración, generación, tramitación, gestión e información que en éstas contenga”.

Mediante un comunicado muy escueto, el gobierno de la ciudad señala que habrá responsabilidades administrativas y penales contra los responsables de haber contratado estas empresas y haber fijado tal cantidad de ganancias.

Tuvimos acceso al expediente, y en él se responsabiliza al actual director general de Administración de la Secretaría de Finanzas, al director de Recursos Materiales, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, al subsecretario de Egresos y a otras 15 personas que conforman el Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas.

Lo preocupante de la investigación y de sus resultados es que la contraloría descubrió que ningún contrato debía celebrarse, porque meses antes de haber realizado las adjudicaciones directas, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya había depositado los recursos a la ciudad y, por lo tanto, no había necesidad de realizar la contratación de ningún trabajo a despachos externos a la Secretaría de Finanzas capitalina.

Finalmente, la contraloría detalla que no se sabe bien a bien dónde quedó el destino de los recursos recuperados, pues si la Secretaría de Finanzas justificó que serían enviados para programas sociales y para la reconstrucción de la ciudad, esto no sucedió, ya que los recursos no estaban etiquetados.

“Se determina que el destino de los recursos informado en las sesiones del subcomité de referencia no es coincidente con el destino informado por la Subsecretaría de Egresos”.