Gobierno franciscano (o casi)

Aquél que dice que los servidores públicos deberán consagrarse “asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado’’.

La iniciativa, que ya dijo Mario Delgado, será votada probablemente el martes en el pleno, es una larga lista de lo que los servidores públicos no deben hacer con los recursos públicos.

La austeridad que propone el morenista va desde regular el gasto en publicidad (50% de lo gastado en 2018); prohibir las delegaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el extranjero, la compra o renta de vehículos de lujo; remodelar oficinas “por cuestiones estéticas”.

También “se prohíbe el derroche en energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, Internet, gasolinas e insumos financiados por el erario”.

Prohíbe los fideicomisos, fondos, mandatos públicos o contratos análogos con recursos públicos en las siguientes áreas y materias: salud, educación, justicia, seguridad social y seguridad pública.

Queda prohibida la contratación de seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o pensiones “que se otorguen en contravención de las leyes de seguridad social”.

Se prohíbe también autorizar “pensiones de retiro al titular del Ejecutivo federal, a los miembros del Congreso de la Unión, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados electorales, diversas a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez”.

Suena bien… Sólo falta que se apruebe y cumpla.

Contra la opinión de organismos internacionales (incluida la ONU) y de ONG nacionales, el Senado aprobó por mayoría la modificación al catálogo de delitos que serán sujetos de prisión preventiva.

Entre los delitos que se incluirán al Código Penal están abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y el delito de moda, el huachicoleo.

La oposición se dividió a la hora de la votación, pero hasta el PRI terminó apoyando la iniciativa que reforma el artículo 19 constitucional.

Quienes se opusieron a la medida consideraron que se podrían violar los derechos humanos de los detenidos por cualquiera de estos delitos, que no se trata de un avance en el combate a la inseguridad, sino de una regresión en materia de derechos individuales.

Esta modificación se revisará en cinco años, para que vean que los senadores si escuchan.

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