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El Judicial, la piedra en el zapato de Morena

- ADRIÁN TREJO engranev@yahoo.com.mx // @adriantrej­o Las opiniones expresadas por los columnista­s son independie­ntes y no reflejan necesariam­ente el punto de vista de 24 HORAS.

Desde la campaña, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió parte de su batería pesada a minar la imagen pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como Presidente electo, los señalamien­tos en contra del máximo tribunal del país no cesaron; por el contrario, aumentaron debido al poder que adquirió Morena en el Congreso.

Desde ahí, diputados y senadores comenzaron lo que en medios –y los propios magistrado­s- vieron como una embestida.

Dos razones tienen ahora los morenistas para justificar la reactivaci­ón de la campaña: la decisión de suspender la Ley de Remuneraci­ones de Servidores Públicos y la validación de la elección en Puebla.

López Obrador criticó a la Corte por “no haber sido sensible’’ a su política de austeridad, y ayer dijo que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre Puebla “es antidemocr­ático, pero lo respetarem­os’’.

Desde que Ernesto Zedillo desapareci­ó la Corte para crear una nueva–queeslaque­estamosvie­ndo-,no se había visto un pleito frontal entre los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Los ministros no salen a responder los ataques ni del tabasqueño ni de sus alfiles en el Congreso, pero hay un evento, el próximo jueves, en donde segurament­e escucharem­os una respuesta formal a la campaña desatada en redes por los morenistas para crucificar a los magistrado­s fifís.

Se trata del Cuarto Informe de Labores del actual presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, cuyo mensaje estará cargado de simbolismo­s.

La campaña de los morenistas en contra de las decisiones del Poder Judicial ni siquiera atiende las razones de los fallos, sino que se sustenta en su negativa con el fin de complacer los requerimie­ntos del partido mayoritari­o para consolidar un programa político.

Los detractore­s de la Corte ni siquiera se han puesto a analizar la razón de la suspensión de la Ley de Remuneraci­ones, la violación a la divisiónde­poderes;simplement­ese convirtier­onenenemig­osdelpuebl­o buenoporne­garseaacep­tarquedesd­e Palacio Nacional se dice cuánto debe ganar cada servidor público, sin importar preparació­n, antigüedad, desempeño y otros indicadore­s quegeneral­mentesetom­anencuenta a la hora de asignar un salario.

El discurso reciente de AMLO no es distinto al de campaña; pero sigue polarizand­o a una sociedad de por sí dividida.

Y eso a nadie conviene.

Nadie ha reparado en los efectos que tendrá –o tendría- en las pensiones de los servidores públicos, de cualquier nivel, la suspendida Ley de Remuneraci­ones.

Reducir el sueldo reduce el monto de pensión y, en algunos casos, obligaría a ampliar el periodo activo del trabajador.

Lo importante es que todos ganen menos, porque eso quiere el señor Presidente.

Ahora que oficialmen­te ya no queda ningún recurso legal para evitar que quede en calidad de candidato, ¿será que el presidente López Obradordes­ignea Miguel Barbosa

como superdeleg­ado en Puebla?

El 70% de los superdeleg­ados nombrados en el país son los candidatos a gobernador de Morena que perdieron sus elecciones –ahí está Delfina Gómez en el Estado de México y Carlos Lomelí en Jalisco, por ejemplo- y, como no se ve que Barbosa vaya a integrarse al gabinete, pues será la sombra de Martha Erika Alonso.

¡Ay, nanita!

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