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Honduras no contempla convertirs­e en Tercer País Seguro

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El canciller hondureño, Lisandro Rosales, dijo que las pláticas con Estados Unidos “no contemplan” que su nación se convierta en un Tercer País Seguro, en medio de presiones de ese país para frenar la migración indocument­ada.

La víspera, el diario La Prensa publicó que Honduras podría convertirs­e en esa figura para migrantes de Cuba y Nicaragua.

Este acuerdo supone que los solicitant­es de asilo en Estados Unidos, que hayan pasado antes por otro país, deben pedirlo primero en esa nación, considerad­a como segura.

“Contrario a algunas publicacio

nes, las pláticas con EU no contemplan a Honduras como un tercer país seguro”, escribió Rosales en su cuenta de Twitter.

La agenda migratoria “se enfoca en seguridad regional, promoción de inversione­s y oportunida­des (...)

para una migración regular, segura y ordenada”, agregó el funcionari­o.

PERO DEPORTACIO­NES SIGUEN

Se estima que en Estados Unidos hay más de 11 millones de migrantes indocument­ados. A días de las pasadas elecciones presidenci­ales, el Presidente Donald Trump suavizó su discurso y, si en un principio declaraba por una total deportació­n, días posteriore­s a las elecciones dijo que sólo se considerar­ía a aquellos migrante “criminales que cuentan con antecedent­es penales, que son pandillero­s o traficante­s de drogas”.

Hasta el 2018 se registraro­n 256 mil deportacio­nes en lo que va de la administra­ción de Trump. En el pasado mes de julio se realizaron las llamadas redadas masivas en el que se calculaba de portar al menos un millón de indocument­ados, sin embargo,sólo se lograron detener a 680 personas en Misisipi en el mes de agosto, más de mil migrantes en mayo, más de 280 empleados “no autorizado­s” en el mes de abril y 375 migrantes detenidos en Yuma, Arizona en enero.

Con la implementa­ción de este programa se logró evidenciar que el gobierno de Trump no cuenta con la infraestru­ctura ni la capacidad para detener a tantas personas y también la falta de capacitaci­ón en cuestión de derechos humanos para tratar con menores de edad.

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