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Recorte impacta en atención a víctimas
La Segob indicó que el apoyo a quienes padecieron algún tipo de violación se seguirá otorgando
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno federal frenarán sus actividades tras el decreto publicado el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con esto quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos: Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros.
La CEAV indicó que, en comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno, la institución resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento y que la mayoría de los servicios son subcontratados.
Además, gran parte del personal fue contratado desde el origen de la institución de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing, enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.
La Comisión argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción de 75% del gasto corriente que asciende a 139.4 millones de pesos.
En tanto sus gastos por renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos serán de 121.9 millones de pesos en lo que resta del año.
Esto sin considerar que el organismo tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos.
Por otra parte, la Secretaría de Gobernación aseguró que no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos; tampoco se desistirá
de defender, promover y garantizar los derechos humanos desde las distintas áreas de la dependencia.
La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se reunieron el lunes pasado con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
para abordar el recorte presupuestal ordenado en el decreto.
“En la reunión, los funcionarios revisaron esta disposición y reiteraron el compromiso del presidente con los derechos humanos, los cuales son y serán una de las prioridades de este sexenio”, detalló Gobernación en un comunicado.