No le alcanza a Morena para llevar a juicio a expresidentes

En algunas delegaciones, como la de Iztapalapa, Morena ha desplegado a un pequeño ejército de simpatizantes que van, casa por casa, ofreciendo “información’’ sobre el juicio a los expresidentes.

No se sabe si son “siervos de la nación’’, pero actúan de la misma forma y con los mismos argumentos con los que recorrieron las calles del país para invitar a votar por Morena.

El partido del presidente López Obrador también comenzó una campaña de impresos, repetimos, sobre todo en territorios donde la elección pasada marcó una preferencia mayoritaria por el color guinda, en los que se ven los rostros, de manera individual, de los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

Eso sí, con los ojos cubiertos por una banda negra, como se hace en los medios de comunicación cuando se presenta a un “presunto delincuente’’.

La campaña está prevista para lo que resta del mes y a Morena no le salen las cuentas para lograr no solo que gane el sí sino que ni siquiera para llegar a los 38 millones de votantes que se requieren para hacer vinculante -o sea obligatorio- el resultado de la consulta.

Ni aunque votaran los casi 31 millones de mexicanos que le dieron la victoria a López Obrador en el 2018 se lograría cumplir con los votos que por ley se deben lograr.

De esos casi 31 millones de votos, Morena perdió 16 millones en la elección pasada; si todos quienes votaron por los candidatos del partido guinda el 6 de junio pasado volvieran a salir a las urnas aún así no se lograría el propósito de llevar a juicio a los expresidentes.

Por eso Morena decidió adelantarse a la promoción oficial de la consulta, que comenzará el 15 de este mes, y hacer su propia campaña, puerta por puerta, para tratar de llevar el mayor número de ciudadanos a la votación.

Por como se ve el escenario hasta hoy, todo apunta a que la llamada consulta será un fracaso.

Primero porque la ciudadanía considera una farsa el ejercicio pues si las autoridades tienen pruebas de delitos cometidos por los exservidores públicos, no necesita la autorización de nadie para ejercer sus facultades y sancionarlos.

Segundo, porque millones de personas creen que es un ejercicio de distracción en el que se gastarán 500 millones de pesos para ni siquiera lograr la participación que demanda la ley.

Y tercero, porque derivado de los dos puntos anteriores, lo que ocurra con los expresidentes a pocos, muy pocos les importa.

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Pasado mañana el presidente López Obrador recibirá en Palacio Nacional a los gobernadores electos de Nuevo León, Samuel García, y de Querétaro, Mauricio Kuri.

Está por confirmarse si el mismo miércoles recibirá a Maru Campos, la gobernadora electa de Chihuahua.

García y Kuri ya enviaron mensajes de que no se quieren pelear con el jefe del Ejecutivo y que quieren llevarse la fiesta en paz; Campos seguramente estará en el mismo canal pues a ningún gobernador le conviene pelearse con el Presidente.

Las reuniones, sin embargo, tienen su carga de morbo pues apenas el sábado Samuel García se reunió con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con quien acordó una agenda para impulsar una repartición más equitativa de los recursos.

Kuri apoyaba esa misma posición desde el Senado; ahora que es gobernador electo quién sabe si tenga el mismo interés en seguir abonando al debate sobre la urgencia de un nuevo federalismo hacendario.