HOY ESCRIBE

Por muy avanzado y consolidado que se encuentre el proceso de vacunación en México, éste aún no es suficiente para garantizar la inmunidad que se requiere para un regreso absoluto a las aulas. Mucho se ha insistido en que los menores de edad y jóvenes son menos propensos a adquirir la enfermedad, aunque nada puede comprobar que dejen de ser transmisores del virus.

Pese al tiempo que tardó en ser reconocida de manera oficial, la tercera ola de contagios por Covid-19 es un hecho y ello se demuestra a través de un considerable incremento de casos y hospitalizaciones, aunque a un ritmo menor que en los dos recientes picos que fueron registrados en agosto y diciembre del año pasado. Ante esta nueva circunstancia surge el dilema del regreso a clases presenciales.

No es un asunto menor la decisión que habrá de tomarse en agosto próximo en torno al futuro escolar de niños, adolescentes y jóvenes de todo el país. Se trata de mantenerlos bajo el esquema de clases a distancia, con el desgaste e impacto que han tenido en su rendimiento académico, o correr el riesgo de regresarlos a espacios públicos en un escenario en el que la pandemia aún no ha sido controlada, en ningún estado del país.

Por muy avanzado y consolidado que se encuentre el proceso de vacunación en México, éste aún no es suficiente para garantizar la inmunidad que se requiere para un regreso absoluto a las aulas.

Mucho se ha insistido en que los menores de edad y jóvenes son menos propensos a adquirir la enfermedad, aunque nada puede comprobar que dejen de ser transmisores del virus. Ello provoca una situación de enorme vulnerabilidad en sus respectivos entornos familiares, que se acentúa con la aparición de nuevas variantes y el incremento de casos.

A nadie escapa que la actividad escolar implica la movilidad de millones de personas en todo el país, no únicamente la de los estudiantes, sino la de sus familiares, profesores, personal administrativo y comerciantes.

Es por ello que la intención de la Secretaría de Educación Pública de regresar de manera presencial a los salones de clases ha sido tomada con suma cautela por instituciones educativas públicas y privadas, así como por los gobiernos estatales. El debate se ha centrado en las condiciones sanitarias que se tendrán que cumplir para poner en marcha la estrategia de la autoridad federal y si las ciudades deberán estar en Semáforo Verde para permitir esta eventualidad.

El dilema es mayor, ya que, en primer lugar, los más afectados por las clases a distancia han sido los alumnos. Tanto su desempeño académico, como su estado de ánimo, se han visto severamente afectados por esta circunstancia, que difícilmente podría ser asumida de nueva cuenta para el próximo ciclo escolar.

Por otro lado, se encuentra el personal docente y administrativo, cuya capacidad, en muchas ocasiones, se ha visto rebasada por el carácter virtual de su trabajo.

La vuelta presencial a clases representaría también un fuerte impulso a la actividad económica del país. Tan sólo en 2019, de acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), la derrama por este concepto fue de 82 mil millones de pesos.

Muchas interrogantes surgen en torno a esta eventualidad. Sin embargo, la respuesta que para muchos prevalece es la garantía de la salud de profesores y alumnos, por encima de cualquier otra consideración.

Segundo tercio. México ha recibido 66.9 millones de vacunas, que han sido aplicadas a más de 35 millones de personas. El 61% cuenta ya con esquemas completos.

Tercer tercio. La responsabilidad de enfrentar esta tercera ola de contagios radica no nada más en la autoridad sino en todos y cada uno de los ciudadanos. Es mucho lo que está en juego.