Cárteles: no cifras de muertos, sino estructuras y poder político

torias que revelan la forma en que diferentes organizaciones criminales influyeron en las elecciones, sobre todo en las entidades donde han expandido su poder delictivo.

El problema va a crecer por la decisión de la alianza PAN-PRI-PRD de llevar a la OEA sus denuncias, aunque al parecer sin presentación de pruebas concretas. Sin embargo, las denuncias sí incorporarán evidencias de la forma en que bandas criminales robaron urnas, apoyaron candidatos y contuvieron adversarios.

El INE sí tenía facultades para aprobar o negar registros de candidaturas y también tuvo acceso a información pública de bandas criminales rompiendo el equilibrio electoral. Los requisitos electorales aparecieron, cuando menos en teoría, estrictos. Por eso alguien tendrá que responder a la amenaza de una narcodemocracia.

En este sentido, la importancia de la observación de la inseguridad no debe centrarse en las cifras de homicidios dolosos, sino en cuando menos tres puntos concretos: la penetración del crimen organizado en campañas, candidaturas y elecciones, la expansión territorial violenta como producto de la lucha territorial entre cárteles y la capacidad delictiva para acceder a la compra de armas para construir una capacidad de fuerza que ha rebasado a las estructuras policiacas.

La pasividad del INE en atender irregularidades por penetración criminal en estructuras electorales y la falta de decisión oficial para ejercer persecuciones penales contra capos y cárteles son llamadas de atención que pronto tendrán denuncias internacionales.

ZONA ZERO

La crisis en Afganistán tendrá repercusión en el mercado de la droga. Va solo un dato: antes de la invasión a ese país en 2001, en EU había registrados 189 mil consumidores de heroína; en 2016 los adictos sumaron 4.5 millones. Y buena parte de la droga provenía de Afganistán. Las muertes estadounidenses asociadas a las drogas duras pasaron de menos de 10 mil al año en 1999 a casi 50 mil en 2019.