Demanda de SRE por armas, en medio de batalla republicana

a “detener en seco” la posibilidad de que la Casa Blanca firme ese tratado que se viene negociando desde 2001 y piden apoyo a movilizaciones de la Asociación Nacional por los Derechos a Armas de Fuego.

Agregado a lo anterior, el presidente Biden lanzó en junio de 2021 su Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo Doméstico, a partir de una línea de trabajo derivada del uso de armas en el asalto al Congreso el 6 de junio para reventar el proceso de toma de posesión de Biden. En el texto deja entrever que masacres con armas son terrorismo interno.

Y el 23 de junio el presidente Biden dio a conocer una estrategia integral para prevenir y responder a los delitos cometidos con armas de fuego y garantizar la seguridad pública. Esta iniciativa busca interrumpir el flujo de armas de fuego, “inclusive responsabilizando a los comerciantes de armas de fuego deshonestos por violar las leyes federales”.

La demanda de México, impulsada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, fue presentada en agosto a una corte de Boston y comenzó su largo camino de litigio legal. Pero las decisiones del presidente Biden y el avance de controles de armas en la ONU que EU podría firmar estarán articulados a un escenario de presión popular para enfrentar la violencia callejera y en escuelas provocada con armas de fuego, aunque sin modificar la Segunda Enmienda que permite el acceso libre a armas de fuego.

ZONA ZERO

Una investigación de Costs of War Project de la Universidad de Brown (https://watson. brown.edu/costsofwar/) concluyó que la guerra global contra el terrorismo iniciada en 2001 por el presidente George Bush hijo ha costado más de ocho billones de dólares (trillones en lenguaje estadounidense), provocado casi un millón de muertes y desestabilizado y cambiado la vida en Irak, Afganistán, Siria, Pakistán y Somalia, aunque con resultados menores a los esperados. La derrota de EU en Afganistán dejó el país en manos de talibanes y células terroristas de Al Qaeda.