Golpe a generadores de empleo

trae consigo disminución del empleo, pérdida de seguridad social e incluso caída de salarios.

Pero dejémonos de dichos y vamos a la estadística.

De acuerdo con los primeros análisis del impacto de esta reforma y acorde con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de noviembre de 2020 al 1 de agosto de este año, 800 mil trabajadores contratados por el esquema de subcontratación fueron dados de baja por sus empresas.

Es decir, 800 mil trabajadores fueron a dar derechito a la calle o bien perdieron su seguridad social al ser obligados, para conservar su empleo, a migrar al régimen de persona física con actividad empresarial. En ese nuevo esquema el empleado supuestamente tiene un mayor salario, pero en términos reales es mentira, ya que deberá pagar de su bolsillo los servicios de salud para él y su familia, además de capacitarse para cumplir con la Secretaría de Hacienda, ya que ahora tendrá que presentar declaraciones mensuales y emitir facturas, de lo contrario será un deudor del fisco.

La misma estadística arroja que 23% de los trabajadores que fueron reconocidos como empleados directos, vieron reducido su salario, ya que este esquema representa un alto costo a las empresas, mismo que no todas están dispuestas a absorber.

La formalidad es cara. Para que nos demos una idea, de acuerdo con algunos análisis, de cada peso que gana un trabajador 35 centavos se irán al pago de prestaciones como IMSS, Infonavit, impuestos, entre otros, lo que implica que ahora ya no ganarán ese peso en su totalidad, sino que su salario podría reducirse 35%; es decir, de un peso que gane, percibirá 70 centavos.

No olvidemos que sin importar los embates económicos de la pandemia, la 4T dejó en el abandono al sector empresarial, les quitó de tajo beneficios fiscales y desapareció cualquier programa de ayuda al empresariado, por lo que difícilmente absorberán estos el costo de la formalidad.

No se trata de ponerse del lado de los empresarios sino que la ecuación es sencilla, el sector empresarial es el encargado de generar empleo para todos los mexicanos y no el Gobierno, y bajo estas condiciones cada vez será más difícil la reapertura de nuevas plazas de trabajo.

La reforma también viene acompañada de sanciones nunca antes vistas: aquel patrón que no quiera o simplemente no pueda pagar las prestaciones de su planta laboral podrá ir a la cárcel hasta por 13 años o asumir multas superiores a los 4 millones de pesos.

Algo extraño está ocurriendo en México, y es que pareciera que en esta administración morenista se pretende castigar a toda costa a quien genere un empleo, no importa si es una gran empresa o una pyme. Será cuestión de tiempo para que veamos con mayor claridad los impactos que tendrá esta ley no solo sobre el empleo sino en la totalidad de los indicadores de México.

A los trabajadores pido cuiden su empleo, sean productivos, competitivos y responsables. Estamos viviendo épocas de desempleo, de crisis económica, de improvisaciones e improvisados y la única manera que tendremos para salir adelante será unirnos y crear contrapesos.