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‘Siembran’ ambientalistas surco legal vs. gobiernos
Organizaciones civiles en todo el mundo han ganado batallas legales tras denunciar inacción en la lucha contra el calentamiento global
A 11 días de la mayor cumbre climática global, la COP26, el común denominador deberían ser los ánimos internacionales por asegurar un futuro más verde, sin embargo, las inquietudes de activistas y ONGs han optado por sembrar semillas en la vía legal para dar cuenta de que la ejecución de los planes y propuestas queda a deber... y el tiempo apremia.
La búsqueda de justicia ambiental dentro de la legislación de cada país tiene hoy a más de un activista con el dedo en el renglón. Actualmente hay más de 600 procesos climáticos abiertos en todo el mundo, lo que supone una ola de litigios que busca encarar a los ejecutivos de países como Estados Unidos, España, Polonia, Alemania y Francia para que implementen o cumplan con sus promesas.
EnFrancia,cuatroorganizaciones-entreellas Oxfam y Greenpeace-, denunciaron en 2019 la carencia de acciones en la lucha contra el calentamiento global de 2015 a 2018. El tribunal administrativo de París dio la razón a las ONGs este mes en lo que llamaron “El caso del siglo”, al declararcomoresponsablealEstadoporincumplimiento. La sentencia instó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para reparar el daño antes del 31 de diciembre de 2022.
Por su parte, España también aporta con sus propios recursos a la problemática pues, según el informe de Greenpeace titulado “Macrogranjas, veneno para la España rural”, el país aumentó -entre 2015 y 2020- en casi 140 millones el número de animales en esos espacios y hasta en 21% el número de cerdos, señalados por contaminación de nitratos. La consecuencia: al menos un tercio del agua en el país sobrepasa el nivel autorizado de estos contaminantes para poder considerarse potable.
Gases y contaminación no son la únicas problemáticas en la agenda ambientalista, la deforestación también es un problema grave. En Polonia, organizaciones denunciaron la reanudación de la tala de árboles en Bialowieza, el último bosque virgen de Europa, considerado patrimonio mundial por la UNESCO y que en 2016 sufrió una importante deforestación que fue justificada por las autoridades como parte de un control para evitar la propagación de una plaga.
Pero los tiempos cambian y las empresas que no consideran dentro de sus procesos el impacto ambiental del que son responsables también sufren el estigma social. A principios de octubre en el puerto de Rotterdam, Holanda, tuvo lugar una protesta donde se exigía la prohibición de publicidad de combustibles fósiles dentro de la Unión Europea, causa que motivó una Iniciativa Ciudadana (ICE). Al respecto, la directora de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, declaró que a menos de un mes para la COP26, “Europa aumentará la producción de gas fósil, lo que incrementará las emisiones, cuando lo que necesitamos es romper esta dependencia”, en referencia a la reciente crisis energética.