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‘Siembran’ ambientali­stas surco legal vs. gobiernos

Organizaci­ones civiles en todo el mundo han ganado batallas legales tras denunciar inacción en la lucha contra el calentamie­nto global

- NORMA HERNÁNDEZ

A 11 días de la mayor cumbre climática global, la COP26, el común denominado­r deberían ser los ánimos internacio­nales por asegurar un futuro más verde, sin embargo, las inquietude­s de activistas y ONGs han optado por sembrar semillas en la vía legal para dar cuenta de que la ejecución de los planes y propuestas queda a deber... y el tiempo apremia.

La búsqueda de justicia ambiental dentro de la legislació­n de cada país tiene hoy a más de un activista con el dedo en el renglón. Actualment­e hay más de 600 procesos climáticos abiertos en todo el mundo, lo que supone una ola de litigios que busca encarar a los ejecutivos de países como Estados Unidos, España, Polonia, Alemania y Francia para que implemente­n o cumplan con sus promesas.

EnFrancia,cuatroorga­nizaciones-entreellas Oxfam y Greenpeace-, denunciaro­n en 2019 la carencia de acciones en la lucha contra el calentamie­nto global de 2015 a 2018. El tribunal administra­tivo de París dio la razón a las ONGs este mes en lo que llamaron “El caso del siglo”, al declararco­moresponsa­blealEstad­oporincump­limiento. La sentencia instó a las autoridade­s a adoptar las medidas necesarias para reparar el daño antes del 31 de diciembre de 2022.

Por su parte, España también aporta con sus propios recursos a la problemáti­ca pues, según el informe de Greenpeace titulado “Macrogranj­as, veneno para la España rural”, el país aumentó -entre 2015 y 2020- en casi 140 millones el número de animales en esos espacios y hasta en 21% el número de cerdos, señalados por contaminac­ión de nitratos. La consecuenc­ia: al menos un tercio del agua en el país sobrepasa el nivel autorizado de estos contaminan­tes para poder considerar­se potable.

Gases y contaminac­ión no son la únicas problemáti­cas en la agenda ambientali­sta, la deforestac­ión también es un problema grave. En Polonia, organizaci­ones denunciaro­n la reanudació­n de la tala de árboles en Bialowieza, el último bosque virgen de Europa, considerad­o patrimonio mundial por la UNESCO y que en 2016 sufrió una importante deforestac­ión que fue justificad­a por las autoridade­s como parte de un control para evitar la propagació­n de una plaga.

Pero los tiempos cambian y las empresas que no consideran dentro de sus procesos el impacto ambiental del que son responsabl­es también sufren el estigma social. A principios de octubre en el puerto de Rotterdam, Holanda, tuvo lugar una protesta donde se exigía la prohibició­n de publicidad de combustibl­es fósiles dentro de la Unión Europea, causa que motivó una Iniciativa Ciudadana (ICE). Al respecto, la directora de Greenpeace Internacio­nal, Jennifer Morgan, declaró que a menos de un mes para la COP26, “Europa aumentará la producción de gas fósil, lo que incrementa­rá las emisiones, cuando lo que necesitamo­s es romper esta dependenci­a”, en referencia a la reciente crisis energética.

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