Díaz-Canel llamó a usar violencia, revela HRW

La ONG Human Rights Watch documentó mal uso de violencia oficialista

Al final sí hubo semejanzas entre el presidente cubano y el ex mandatario estadounidense, Donald Trump, hacer uso de la violencia en momentos de crisis. Y es que las inéditas manifestaciones del 11 de julio en calles de Cuba fueron repelidas por el régimen de Miguel Díaz-Canel llamando a sus partidarios y fuerzas de seguridad a responder con violencia, fue lo que concluyó un estudio que dio a conocer la víspera la ONG Human Rights Watch.

“Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución”, manifestó el presidente, heredero de la línea castrista que priva en la isla desde los 60s, “la orden de combate está dada”.

Ese día hubo interrupciones del servicio de Internet en todo el país y conectividad intermitente, incluidas restricciones a redes sociales, medida a la que la autoridad recurre para limitar la movilidad de la disidencia.

De forma sistemática se han reportado detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas pacíficas de julio de 2021. Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugaresdeCubasugierendemanerasólidaqueestasviolacionesdederechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta.

“El 11 de julio, miles de cubanos salieron alas calles en todo el país para participar en manifestaciones históricas en protesta por las violaciones de derechos humanos que sufren hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pande mi ad eCovid-19.L as autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie”, refiere el informe.

La ONG documentó violaciones como detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud, que se considera un “municipio especial”. Entre julio y octubre, Human Rights Watch entrevistó a más de 150 personas, entre ellas, activistas, víctimas, familiares, periodistas, y abogados con conocimiento directo de los casos, y consultó documentos judiciales y publicaciones de ONGs cubanas.