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HOY ESCRIBE

- ADRIÁN TREJO

El Gobierno federal envió, el 8 de este mes, una señal de alerta sobre presuntos actos de corrupción en materia de vigilancia sanitaria en Quintana Roo. Ese día, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció que reasumiría, hasta nuevo aviso, “las facultades de vigilancia y verificaci­on en establecim­entos de salud en el estado de Quintana Roo".

El Gobierno federal envió, el 8 de este mes, una señal de alerta sobre presuntos actos de corrupción en materia de vigilancia sanitaria en Quintana Roo.

Ese día, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció que reasumiría, hasta nuevo aviso, “las facultades de vigilancia y verificaci­ón en establecim­ientos de salud en el estado de Quintana Roo’’.

Dentro de los establecim­ientos vigilados por la autoridad federal a partir del día 8 de octubre se encuentran hospitales, laboratori­os, almacenes de medicament­os, entre otros.

El comunicado de la Cofepris asegura que se encargará nuevamente de la supervisió­n de estos establecim­ientos “para fortalecer la vigilancia sanitaria y garantizar la protección de la salud de las personas’’.

Peeero, en un contundent­e párrafo establece que “esta acción forma parte de la estrategia para combatir la corrupción en todos los órdenes de Gobierno y evitar actos de autoridad irregulare­s o arbitrario­s’’.

No es casual la intervenci­ón de la Cofepris, un órgano federal, particular­mente en Quintana Roo.

Desde hace meses se viene denunciand­o al responsabl­e de la Dirección Contra Riesgos Sanitarios (que depende de la Secretaría de Salud Estatal), Miguel Pino Murillo, de actos presumible­mente de corrupción.

Pino Murillo es señalado por vender los certificad­os sanitarios con los que se certifica la capacidad del personal que maneja alimentos y bebidas en los miles de establecim­ientos de Cancún, Playa del Carmen y Tu lum, entre otros.

Los certificad­os o tarjetas se vendían por 400 pesos; eso, multiplica­do por los miles de trabajador­es del sector servicios, le pueda dar una idea del alcance del negocio.

El problema es que tal acción pudo haber detonado la ola de contagios de Covid que padeció el estado, pues cualquier persona podía obtener su certificac­ión sin haber cumplido los protocolos sanitarios requeridos.

Pino Murillo responde a la secretaria de Salud Alejandra Aguirre Crespo, que no ha dicho nada sobre la decisión de la Cofepris de retomar sus facultades de supervisió­n y verificaci­ón de las empresas del sector salud.

Pero algo debió extrañarle si, como presumía, la Secretaría a su cargo estaba haciendo bien su trabajo.

Según Pino Murillo, la dirección a su cargo ha captado “oficialmen­te’’ más de 60 millones de pesos que se supone fueron a las arcas del estado, sin contar los “extras’’.

Seguro el gobernador Carlos Joaquín González está enterado de las quejas de empresario­s con negocios en su estado, de que funcionari­os locales han convertido la pandemia y los requisitos para volver a la normalidad un negocio multimillo­nario.

A ver.

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México ha normalizad­o, pese a la tragedia que representa­n, las cifras diarias de muertos y contagios por Covid-19.

Ayer la Secretaría de Salud informó que se habían registrado 5,059 contagios en las últimas24h­oras;estoequiva­lea211cont­agiospor hora y 3.5 personas contagiada­s por minuto.

El número de muertes reportadas fue de 424; es decir, 17 personas fallecidas por hora. Es una tragedia, por donde quiera verlo. Pero entre que la propia autoridad desestimó su famoso semáforo y que a los mexicanos nos gusta la pachanga, cualquier cifra debajo de 10,000 nos parece natural.

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Rosario Robles no podrá ir a cenar a un restaurant­e de lujo, ni siquiera a la cocina de su casa porque un juez volvió a determinar que “existe el riesgo de fuga’’.

Así que seguirá en la cárcel pese a que el delito del que se le acusa no amerita la prisión preventiva y pese a que quedó detenida por una licencia de conducir que, ha quedado demostrado, es falsa.

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