Falta política federal para legalizar aborto

Mientras que por la vía jurisdiccional se han logrado avances importantes en materia de derechos reproductivos de las mujeres, por la vía política ha quedado estancada en la denominada congeladora legislativa, la despenalización del aborto a nivel federal, y sólo ha encontrado cause en los congresos locales de algunas entidades federativas.

De acuerdo con el estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD), “Aborto legal: de las 12 a las 24 semanas de gestación”, con corte a abril de 2022, sólo seis entidades federativas han legalizado el aborto hasta las doce semanas de gestación: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima y, en abril de este año, el Congreso de Sinaloa dio un paso adelante al aprobar una reforma que permite el aborto hasta las 13 semanas de gestación.

La investigadora Lorena Vázquez Correa, recordó que el 7 de septiembre de 2021 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional y, por primera vez se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales hasta la semana doce de gestación.

Refirió que en el mundo, las vías institucionales para hacer avanzar la agenda feminista de la despenalización del aborto han sido distintas. En Argentina la vía fue el Poder Legislativo con una iniciativa del Poder Ejecutivo, en otros ha sido a través de los tribunales constitucionales, y finalmente en países como Colombia y México, la vía ha sido mixta.

El documento del IBD destaca que naciones como Colombia, Singapur, Australia y Holanda, han legalizado el aborto hasta las 24 semanas de embarazo; lo que representa un cambio significativo al poner en el centro de las resoluciones la perspectiva de género y los derechos constitucionales de las mujeres, “mientras que las resoluciones más restrictivas de doce semanas continúan con argumentos centrados en los límites del Estado para proteger la vida prenatal”. / KARINA AGUILAR