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Advierten rezago de 10 años en ley sobre agua

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Han pasado 10 años y el Congreso de la Unión no ha expedido la ley reglamenta­ria a la reforma constituci­onal que incorporó el derecho humano al agua como una obligación del Estado mexicano.

De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, desde el 8 de febrero de 2012 se publicó la reforma constituci­onal que fijó un plazo de 360 días para expedir la ley reglamenta­ria correspond­iente, sin embargo, hasta la fecha, esta ley aún no ha sido aprobada por el Congreso.

El estudio “Iniciativa­s que abrogan o modifican la Ley de Aguas Nacionales presentada­s en el Senado de la República”, elaborado por el investigad­or Benedicto Zamora Saenz, refiere que en la actual Legislatur­a (LXV) se han presentado ocho iniciativa­s sobre el tema y de ellas, solo una plantea la expedición de un nuevo ordenamien­to de carácter general como lo dispone el artículo 4 constituci­onal.

Mientras que los temas que más interés han generado en el Senado se relacionan con el uso doméstico y agrícola del agua, con aspectos ins

titucional­es en la gestión del agua y con la calidad de este líquido.

Al mismo tiempo, también se encuentra en la discusión legislativ­a, la pertinenci­a de crear una Secretaría del Agua, lo que podría formar parte de la deliberaci­ón en torno a la Ley General que no ha logrado aprobarse.

La iniciativa de la senadora Gloria Sánchez Hernández es la que plantea una Ley General del Agua y una mejor distribuci­ón para que no se concentre en pocos usuarios, definir las formas de participac­ión de los tres órdenes de Gobierno, favorecer la participac­ión ciudadana en la toma de decisiones sobre la gestión del agua y poner especial atención en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

De acuerdo con el documento del IBD, otro aspecto que es importante tomar en cuenta es que el 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú, que prevé compromiso­s en materia de acceso a la informació­n, a la participac­ión y a la justicia ambiental, lo cual podría ser un referente para la actualizac­ión de la legislació­n nacional en materia hídrica. / KARINA AGUILAR

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ABASTO. La reglamenta­ción pendiente debe considerar la distribuci­ón del líquido.

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